Desde APAM-CLM (Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla La Mancha) expresamos la inquietud que las palabras del Director Provincial de Medio Ambiente en Albacete, Manuel Miranda han suscitado en relación a la última noticia publicada por eldiario.es a raíz del último caso de electrocución de más de 30 aves rapaces en un tendido eléctrico propiedad de Iberdrola en la provincia de Albacete.
A finales del pasado mes de octubre los Agentes Medioambientales realizaron un trágico hallazgo, localizaron más de una treintena de ejemplares de especies de aves rapaces con un alto grado de protección y amenaza presuntamente electrocutadas, según la principal línea de investigación, bajo una línea eléctrica propiedad de Iberdrola (empresa eléctrica que ya fue sancionada por la Consejería de Medio ambiente al pago de 700.000 euros, multa posteriormente ratificada por el TSJ, por varias muertes de aves protegidas y amenazadas. Y a una sanción ratificada por el TSJ de 143.000 por responsabilidad medioambiental ratificando la sanción por este delito contra la avifauna y estableciendo además una indemnización de 43.000€).
En declaraciones a dicho medio Miranda afirmaba: “la Fiscalía de Medio Ambiente se ha dirigido a la Dirección Provincial y nos ha pedido informes”. Más adelante la noticia recogía que por su parte Miranda no había especificado si la Junta, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, llevaría el caso a los tribunales aunque sí dijo: “Se procederá como se considere oportuno”.
En base a la gravedad de los hechos y teniendo en consideración el carácter de Policía Judicial Genérica que ostentan los Agentes Medioambientales, desde APAM-CLM expresamos enorme preocupación. El motivo de esta es que los agentes intervinientes que procedieron al levantamiento de los cadáveres, elaboración de actas y redacción de diligencias cumplieron con su obligación trasladando toda la documentación a la Delegación Provincial, pero de las palabras de Miranda se desprende que atender los requerimientos de la justicia le parece una opción a valorar si es oportuna o no según su criterio. Es enormemente alarmante que un cargo público de tal entidad exprese tan descaradamente la posibilidad de no colaborar con la justicia, cuando el caso que nos ocupa tiene carácter de presunto ilícito recogido en el Código Penal tipificado en su artículo art. 326 bis. No hace falta recordar la obligación que todo cargo público tiene de poner en conocimiento ante la justicia hechos presuntamente delictivos de los que Miranda tiene constancia a través del enorme volumen de actas, informes y diligencias que los Agentes Medioambientales elaboraron durante su investigación. Confiamos en que se cumpla con la obligada colaboración con los órganos judiciales, sobre todo cuando la Fiscalía ya se interesó de oficio por este caso.
Queremos hacer hincapié en la gran problemática que está suponiendo la electrocución de avifauna, en tendidos que no se encuentran debidamente aislados o modificados, y la necesidad de aumentar los esfuerzos para evitar tal cantidad de muertes de ejemplares de especies protegidas. La cifra anual a nivel de todo el Estado supone unos 33.000 ejemplares de especies de aves silvestres muertas por electrocución en tendidos eléctricos de diferente titularidad. Este grave problema medioambiental supone un retroceso en la recuperación de las poblaciones de algunas especies de aves tan emblemáticas como el Milano real o el Águila perdicera, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra Región es territorio de dispersión de ejemplares juveniles de estas especies, es decir, área de aumento de ejemplares y sus territorios. Queremos recordar a la ciudadanía que ante el hallazgo de cualquier especie silvestre muerta o que presente síntomas extraños en su comportamiento deberán llamar al 112 solicitando la presencia de los Agentes Medioambientales y no manipular al animal ni objetos cercanos, ya que podrían contaminarse con alguna sustancia tóxica si se trata de un envenenamiento o en cualquier caso alterar e invalidar elementos probatorios.
