Después de que hayamos tenido conocimiento por Diario de Burgos de que en la provincia de Burgos tan solo se recupera el equivalente a diez horas de vuelo de helicóptero por infracciones e indemnizaciones en incendios forestales, desde APAMCYL queremos hacer una valoración global de los costes que se generaron en los cinco grandes incendios de 2013. Quemaron más del 50 % de la superficie total que ardió en el verano de 2013 en Castilla y León, y se invirtió en su extinción más de 1,5 millones de euros. De estos cinco incendios, se declararon como intencionados el de Valdefresno, en León, y el de Hermisende, en Zamora; en cuanto a los otros tres, el de Cebreros, en Ávila, fue causado por una línea eléctrica, y los de Fonfría y Villardiegua, en Zamora, fueron consecuencia de accidentes de motores y máquinas.
En los últimos cinco años, los informes de investigación de las causas de los incendios forestales en Castilla y León estaban externalizados y contratados a una empresa privada cuyo último contrato suponía para las arcas autonómicas más de un millón de euros. En el año 2013 no se ha tenido esta contrata, y la Junta dijo que se han investigado el 100 % de los incendios. Esto sabemos desde APAMCYL que es falso, ya que no existe un protocolo ni una instrucción homogénea en todas las provincias que priorice o indique qué incendios se han de investigar. Al margen de que tanto Agentes Forestales / Medioambientales como miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad persigan los hechos delictivos o incendios que se originen de forma intencionada, cuya resolución es de una complejidad extrema, pues a la vista están los datos de las detenciones durante los veranos y las escasas condenas con entrada en prisión para este tipo de delincuencia, existen las competencias y obligaciones que tienen las Administraciones públicas, que pueden y deben exigir a los responsables de los incendios originados de forma accidental o negligente mediante la reclamación de los gastos originados en la extinción. Las compañías eléctricas, el uso de motores y máquinas, las empresas forestales… todos disponen de unas pólizas de seguros de responsabilidad civil que deben cubrir los gastos generados en este tipo de siniestros.
Evidentemente, las demandas por vía civil de los gastos de extinción de un incendio forestal, además de la buena praxis jurídica deben ir apoyadas por un informe solvente y eficaz de investigación de la causa que lo originó. Aquí entra de lleno la justificación de la creación de las BIIF. Sustanciadas por Agentes Medioambientales, funcionarios con carácter de agentes de la autoridad y policía judicial y que el Gobierno Autonómico ya tienen a su disposición en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
