Fuente: El Plural

Verbena, el monte se nos quema

La modificación de la Ley de Montes que el PP prepara pone de nuevo en marcha algo que durante el Gobierno de Zapatero parecía haberse dejado ya para el olvido

Decía la canción que a Verbena se le quemaba la casa y, para más señas, por la casa del Conde.

La versión actual diría algo así como “¡Verbena, Verbena, el monte se nos quema!… “Para que lo recalifiquen y construyan la casa del Conde”…

La modificación de la Ley de Montes que el Partido Popular tiene preparada pone de nuevo en marcha algo que durante el Gobierno de Zapatero parecía haberse dejado ya para el olvido. Hasta que llegase Narbona al Ministerio de Medio Ambiente en España se daba la aberrante situación en la que si un monte ardía ese terreno podría recalificarse. Se modificó la ley, para asegurar que no pudiera tenerse la tentación de arrasar con zonas naturales para especular con interés inmobiliario, y en este sentido se estableció que deberían pasar treinta años para poder cambiar el uso de los terrenos quemados. Además la legislación imposibilita poder realizar en ese espacio cualquier actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el tiempo que se establezca en la ley autonómica correspondiente.

Y no es casualidad que Narbona promoviese estas medidas de protección. En el año 1992 hubo un incendio en una zona forestal protegida, uno de los pulmones más importantes de España que tenía además previsto ser en un futuro un Parque Natural de referencia en Europa. De manera inexplicable, a pesar de los esfuerzos de los Agentes Forestales por apagar el fuego, aparecían focos continuamente desde distintos lugares. El incendio arrasó cientos de hectáreas ante la impotencia de quienes hicieron todo lo que había a su alcance por aplacarlo con la frustración de comprobar que aquello tenía todos los visos de ser intencionado. Les estoy hablando de Alicante, y en aquél momento, para más señas, un alcalde de Benidorm criticaba la inoperancia para hacerse con el fuego. Era Zaplana. El mismo que cuatro años después fue Presidente de la Comunidad Valenciana y nada más llegar promovió la expropiación de esos terrenos y su adjudicación a la Sociedad Parque Temático Alicante (eso si, mientras sus amigos y familiares creaban sociedades para ir comprando los terrenos colindantes). Sí, quizá le suene el caso Terra Mítica por las condenas por corrupción a sus responsables, todos vinculados con Zaplana.

Un caso evidente en el que un incendio fue crucial para poder dar un pelotazo urbanístico que llenó los bolsillos de amigos y conocidos de los que se encargaron de promover expropiaciones y adjudicaciones.

Recientemente, la familia Aznar-Oriol (recordarán ustedes a la Presidenta del Círculo de empresarios por sus desafortunadas declaraciones sobre las mujeres trabajadoras: http://www.elplural.com/opinion/la-madre-que-te-pario/) llenó titulares por la construcción de una cancha privada de polo en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. El año pasado se celebró un torneo de Polo con todo tipo de instalaciones. Curiosamente, a pesar de haberse abierto un expediente por múltiples violaciones medioambientales, un mes después de celebrarse el torneo, el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo se encargó de archivar todas las investigaciones. No es el único asunto de este tipo que ha puesto el nombre de los Aznar-Oriol en los periódicos, pues es ya conocida también su mansión en el Parque Nacional de Cabañeros, en Castilla La Mancha.

Llama la atención, igualmente, lo acontecido con la Vereda del Camino Real de Madrid. En este asunto es sorprendente cómo la administración, una vez más, pone por encima de todo el interés particular de los propietarios de una finca, La Granjilla, a pesar de haberse reconocido la clasificación de vía pecuaria a un camino que pasaba precisamente por ella. Para resumirle al lector esta brutalidad, los hechos, a vuelapluma se pueden concretar en que una vez clasificado este camino con titularidad pública -lo que supondría que los dueños de esta finca permitiesen el paso por el mismo a la ciudadanía- comienzan a sucederse una serie de actuaciones por las cuales el asunto queda archivado.

Así resumido podrá sonarle sospechoso, pero no lo suficiente. La propiedad de la finca en aquel momento en que se publica la orden 263/2003 sobre la clasificación de las vías pecuarias en El Escorial era de la familia Aguirre (hoy en exclusiva de su hermano, Santiago). Interpusieron un recurso contra esta orden y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les da la razón: ese camino no atraviesa la finca de su propiedad. Esta sentencia provocó que el Ayuntamiento de El Escorial recurriese ante el Tribunal Supremo en defensa del interés público que estaba siendo en ese momento desprotegido.

Curiosamente, al ganar las elecciones el Partido Popular en El Escorial el Ayuntamiento desiste y el caso queda archivado.

Sirvan estos ejemplos como muestra de lo que algunos consideran al respecto de la protección del medio ambiente. Un hecho evidente de la importancia que el Partido Popular le da a esta cuestión es haber eliminado prácticamente todas las consejerías de medio ambiente a nivel regional. En esta línea está redactada la modificación de la Ley de Montes que quiere aprobar el Gobierno en los próximos días. Por si no fuera suficiente la puesta en riesgo de nuestro ecosistema, además se eliminan los trabajadores encargados de vigilar, denunciar e investigar todos los delitos contra el medio ambiente.

Los Agentes Medioambientales son funcionarios, tienen funciones atribuidas tanto de índole técnica como policial. Custodian los montes públicos, las áreas protegidas, su fauna flora; persiguen los delitos urbanísticos; realizan tareas de educación ambiental; trabajan en la prevención, extinción e investigación de incendios forestales; inspeccionan actividades cinegéticas y piscícolas (caza y pesca); custodian las vías pecuarias; emiten informes técnicos, denuncias y atestados; inspeccionan y vigilan el cumplimiento de la normativa de impacto ambiental y de vertido de residuos; vigilan para la prevención y detección de enfermedades y plagas forestales; realizan una excelente labor de información ciudadana. Un total de 6.500 trabajadores al servicio de la ciudadanía que esta ley de montes quiere apartar de sus funciones. Sí, ha leído bien: con la nueva legislación no sólo se quiere abrir la posibilidad de que muchas actuaciones que suponen un riesgo de daños irreversibles al ecosistema queden impunes, sino que además, se pretende que los que denuncian este tipo de delitos pasen a un segundo plano.

Los Agentes Medioambientales cuentan con el apoyo de todos los sindicatos profesionales, de todas las organizaciones en defensa del medio ambiente y como no puede ser de otra manera, deben contar con nuestro apoyo, el de la ciudadanía comprometida con vivir en un lugar sostenible en el que la defensa del medio ambiente sea la bandera de todos. Aquí puede firmar el lector para apoyarles en su lucha, que es la nuestra: https://www.change.org/p/partido-popular-stopleymontespp .Y en esta web puede conocer mejor su labor y denuncias: http://www.aeafma.es/