Fuente: CCOO
Ambas organizaciones insisten en que no hay ningún tipo de conflicto entre guardias civiles y Agentes Forestales en cuanto a la confluencia de sus competencias en caso de posibles delitos medioambientales
Ante el proyecto de reforma de la Ley de Montes propuesto por el PP, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Coordinadora de Agentes Forestales y Medioambientales de FSC-CCOO aseguran que no existe una lucha corporativa entre ambos colectivos, como sugirió la ministra García Tejerina el pasado 5 de febrero en declaraciones a Onda Cero, sino quizá intereses políticos que no tienen como prioridad la protección del medio ambiente.
Según el proyecto de ley enviado al Congreso de los Diputados, los Agentes Forestales y Medioambientales —un colectivo de 6.000 personas funcionarias— pasarían de ser un cuerpo independiente a convertirse en auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, teniendo que limitarse a observar lo ocurrido ante un posible delito ambiental y esperar a que llegue alguien de un cuerpo diferente al suyo para poder empezar a realizar su trabajo.
Ambas organizaciones afirman que persiguen un mismo fin, que no es otro que la protección del medio ambiente y la biodiversidad en las mejores condiciones posibles. “Nadie sobra para la persecución de los delitos. Al contrario, la suma de todos hace que los montes estén mejor protegidos, máxime cuando las plantillas de ambos colectivos son deficitarias en número y, en algunos casos, los medios materiales son muy escasos para hacer una buena función”, aseguran.
Tanto CCOO como la AUGC consideran que para desarrollar una buena labor de investigación de los delitos hay espacio y competencias amplias y muy claras para cada colectivo, sin que eso suponga ningún tipo de enfrentamiento entre ellos. “Y si se produce algún choque, no deja de ser algo anecdótico dentro de la buena relación que existe entre guardias civiles y Agentes Forestales”. Además recuerdan que la Administración tiene la obligación de facilitar la coordinación entre los diferentes empleados públicos, tal y como marca nuestro ordenamiento jurídico sobre la cooperación entre administraciones.
Por último, la AUGC y CCOO hacen un llamamiento al Gobierno y a los diferentes partidos políticos para que tengan en cuenta la opinión de las trabajadoras y trabajadores, “que son los que están sobre el terreno, y no hagan modificaciones normativas innecesarias, al tergiversar el debate por intereses ajenos a la ciudadanía y al medio ambiente”.
