Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Así reza el artículo 46 de la Constitución Española, el cual encomienda a las diferentes administraciones del Estado la custodia del patrimonio histórico-cultural existente. Así mismo, los diferentes estatutos de autonomía recogen el objeto del artículo 46 de la CE.

Como bien sabemos los Agentes Forestales / Medioambientales, la materialidad del patrimonio cultural es muy variada y compleja. Así mismo, debería ser de variada la respuesta de las administraciones hacia los peligros que acechan a dicho patrimonio. Con todo, esta respuesta debe empezar por la prevención.

La realidad, en cambio, nos dice que las administraciones no hacen todo lo posible, ni ofrecen respuestas diferentes para los diversos peligros que amenazan al patrimonio cultural. Vemos como los medios de comunicación se hacen eco de las actuaciones de los grandes organismos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actuaciones que poco tienen que ver con la gestión y prevención del patrimonio cultural disperso por todo el medio natural. Salvo contadas actuaciones de algún colectivo concreto. Pero la pregunta es: ¿por qué las administraciones ignoran el equipo humano que componen los 6000 Agentes Forestales y Medioambientales?. Sin entrar a valorar el por qué, el hecho en sí refuerza la idea que no se vierten todos los esfuerzos por parte de las administraciones.

Parece evidente que estos peligros alrededor del patrimonio cultural, son mayores en el medio natural: expolio arqueológico, paleontológico y arquitectónico, daños por roturaciones y construcciones ilegales, etc. Así pues, ¿quién ejerce la custodia de este patrimonio? O mejor aún, ¿quién está en mejor disposición de ejercer esta custodia?

A nuestro juicio, la respuesta está en los diferentes colectivos de Agentes Forestales y medioambientales existentes en todo el territorio nacional. Algunos puede que se pregunten “¿y por qué?”, pues son varias las respuestas que se me ocurren, pero quizás el mejor conocimiento del terreno y de las personas que viven en él, adquirido a lo largo de la historia de nuestros colectivos. Pero también el hecho que cada colectivo de Agentes Forestales / Medioambientales tenga un perfil propio que se supone responde a las particularidades de la zona en la que desarrolla sus tareas. Así pues, la potencialidad de los Agentes Forestales / Medioambientales en este campo resulta innegable.

Recientemente hemos ido conociendo algunas actuaciones de compañeros de diferentes territorios en la materia, lo cual dice mucho en nuestro favor, pues en muchos casos se ha hecho sin formación previa, por voluntad de servicio diría yo. Así mismo, algunos medios se han hecho eco de estas actuaciones. En Catalunya incluso la misma administración ha visto este potencial en la protección del patrimonio cultural y el 2012 se firmó un convenio de colaboración entre el Departamento de Cultura y el Cos d’Agents Rurals.

Algunos se preguntaran si es realmente necesario que los Agentes Forestales / Medioambientales actuemos en este campo. Yo me planteo la absurdidad de no hacerlo: ¿por qué cuando vamos a inspeccionar una roturación no podemos ampliar la perspectiva y fijarnos en una posible afectación a un yacimiento arqueológico o paleontológico de esta roturación? No es necesario ser arqueólogo para darse cuenta que puede existir dicha afectación. Pero por si no fuera suficiente el argumento, leamos los siguientes titulares: “El tráfico de bienes culturales, el más lucrativo tras las drogas y las armas” (El País, 17/12/2013) o “Los arqueólogos denuncian un fuerte aumento de saqueos en los yacimientos” (Las Provincias, 15/12/2013). Pero más interesante es la noticia aparecida hace poco más de un año: “El crimen arqueológico no paga” (El País, 29/12/2013) en el que la G. C. informaba del repunte de denuncias de expolio arqueológico, hasta 3305 denuncias en todo el Estado Español (un 75% de las cuales por uso ilícito de detectores de metales). ¡Imaginad la cifra de denuncias si nosotros, los Agentes Forestales / Medioambientales, estuviésemos haciendo este tipo de inspecciones!

En los últimos 2 o 3 años he podido apreciar síntomas que invitan al optimismo: desde los cursos de protección del patrimonio cultural que se han realizado para Agentes Forestales / Medioambientales en Catalunya, Castilla la Mancha y Navarra, o noticias que hacen referencia a actuaciones de compañeros de casi todos los rincones del Estado. Es, sin duda alguna, un cambio de actitud de estos agentes hacia el patrimonio cultural existente en el medio natural que tarde o temprano llamará la atención de las diferentes administraciones culturales, la cuales deberán ver el potencial y las virtudes del trabajo conjunto con los Agentes Forestales.

Finalmente, mirando hacia el futuro, con el concepto de “policía integral” del medio natural como horizonte, con competencias transversales en el medio ambiente, no podemos renunciar a la protección del patrimonio cultural existente en él, pues forma parte indivisible de él como de nosotros.