Numerosos incendios se han producido en todo el país en las últimas semanas y Castilla y León no podía ser menos, dada la gran cantidad de terrenos forestales de la región y debido entre otras causas, a las altas temperaturas, a los grandes riesgos derivados del uso de maquinaria y evidentemente a la acción humana de carácter intencionado bajo los diferentes conflictos de intereses que rodean a los incendios forestales. En relación con el incendio que ha afectado alrededor de 2500 has en la comarca de Benavides de Órbigo, afectando principalmente a la localidad de Quintana del Castillo, y donde además de la perdida de gran cantidad de masa forestal, hay que lamentar la pérdida de uno de los enclaves de cría de Urogallo cantábrico en estado crítico de peligro de extinción.
Respecto a este incendio de León queremos aclarar lo siguiente: Dadas las declaraciones vertidas por medios oficiales en cuanto a que el operativo de extinción está al cien por cien de sus recursos, no podemos otra cosa que desmentir rotundamente esta afirmación. Existen a fecha de hoy retenes de incendios por licitar y por lo tanto sin adjudicar y sin tajos donde realizar los tratamientos (claras, limpias y podas) que se contratan con presupuesto de la Junta de Castilla y León. Ante esta inoperancia burocrática de la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, algunos Servicios Territoriales provinciales optan por poner una especie de “parche” mediante un gasto urgente para contratar en estos inicios de verano y hasta que se produzcan las adjudicaciones definitivas, a cuadrillas-reten de incendios por periodos de alrededor de un mes, que en la mayoría de las ocasiones, es asumido por los fondos de mejora provinciales de montes públicos. Dichos fondos, se nutren del 15% de todos los aprovechamientos de los montes de Utilidad Pública propiedad de los ayuntamientos. Este extremo se suele ocultar o “maquillar” ante los Alcaldes, ya que la utilización y el destino del gasto de dichos fondos, no goza precisamente de transparencia.
Las organizaciones sindicales ya han denunciado públicamente que varias cuadrillas-reten en el entorno de la comunidad autónoma aún no están trabajando, por el retraso producido en su licitación, debido en gran parte, a la eliminación de algunas de ellas desde que comenzaron los recortes presupuestarios. Así mismo, la Administración Ambiental de Castilla y León está permitiendo “bajas temerarias” en dichas licitaciones (bajas superiores al 30% del presupuesto inicial), con el consecuente detrimento en materiales, sueldos, exigencia en rendimientos mínimos (hectáreas/día de limpieza) por parte de las empresas, que repercute en el cansancio y fatiga de personal, etc.
Las huelgas convocadas este mes por las cuadrillas BRIF, a pesar de depender del Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA), dan fe de su precaria situación laboral. Las brigadas helitransportadas (ELIF) dependientes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no se encuentran, lamentablemente, en mejor situación, al contrario; sufren la inestabilidad laboral y la precariedad salarial. El presidente Herrera hablaba precisamente esta semana, de revisar el modelo de financiación autonómica dadas la altas ratios en los costes por habitante en servicios públicos de Castilla y León debido a las peculiaridades demográficas de la región, con casi la mitad de la población en grandes núcleos urbanos y un extenso mundo rural poblado por muy pocos ciudadanos; Pues bien, el Sr. Herrera sabe también que el grueso del presupuesto de incendios que se dedica a extinción (empleo temporal) y adjudicado a empresas con logística fuera de la región, cuyos ingresos terminan repercutiendo en las ciudades de la Región en el mejor de los casos, cuando no fuera de ella, como ocurre por ejemplo con TRAGSA, por citar una de las que más obra pública ejecuta.
Del gasto que habilita la administración pública para contratar un helicóptero, apenas el 10% va destinado a mantener el precario empleo temporal de los bomberos forestales. Un yacimiento de empleo como la selvicultura preventiva, la gestión de montes y la extinción de incendios, se adjudica a empresas cuyo capital económico y social tiene su destino y sus ingresos alejados del medio rural. El Sr. Herrera tiene razón, pero no dispone de un equipo de gestores en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que sepa gestionar sus ideas. Más bien al contrario; A determinados altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente no les importa lo más mínimo el mundo rural porque lo ven como un pastel al que “hincar el diente”. Desde aquí, pedimos al Sr. Herrera y al nuevo Consejero de Fomento y Medio Ambiente Juan C. Suarez-Quiñones, que escuche la voz de los Agentes Medioambientales; Empleados públicos que conocen a fondo el medio rural y saben muy bien que vivir en esos “idílicos” parajes durante todo el año, se hace muy duro. Y que muchas veces, no sirve con reprimir y sancionar las actitudes irrespetuosas de los ciudadanos que se ganan la vida en ese ámbito rural, sino que es necesaria una estrategia de cambio de mentalidades que haga cambiar esa actitud. Mientras, la burocracia y el sistema jurídico ambiental que se encuentra actualmente en vigor, está siendo vilmente secuestrado por el caciquismo provincial de algunos Jefes de Servicio de Medio Ambiente y Delegados Territoriales (máximos responsables de la Junta de Castilla y León en la provincia y competentes en imponer sanciones) que hacen, que las infracciones denunciadas por Agentes Medioambientales a las grandes empresas que contaminan o incumplen las normas, queden en los cajones de la administración, mientras, la ley cae implacable hacia las acciones punibles realizadas por las gentes que viven en los ámbitos rurales. Esta es actualmente la cruda y triste realidad.
DISPOSITIVO CONTRAINCENDIOS DE CASTILLA Y LEÓN.
Motobombas propias de las Junta de Castilla y León y Vigilantes de Torretas fijas.
En cuanto al operativo propio de la Junta de Castilla y León, resaltar que existen camiones autobomba con media dotación (sin operario manguerista, y sólo con un conductor), averiados, mal reparados, viejos; en fin, poco o nada operativos. De hecho, el ciudadano debe saber, que este tipo de vehículos autobomba con un coste de alrededor de 300.000 € por unidad, quedan durante, entre seis y nueve meses al año, parados en cocheras, con el consiguiente deterioro e incremento de gasto en averías, sobre todo cada inicio de campaña debido a la falta de mantenimiento, cuando no ha desembocado en alguna ocasión en averías o cortocircuitos que han hecho que ardiera el camión, como el ocurrido en Burgos antes de verano en el puerto de la mazorra en Burgos. Además este personal (fijo discontinuo) con contrato de tres, seis o nueve meses, se incorporan a trabajar a las campañas de incendios de forma progresiva, por lo que hay camiones que no están operativos si solo hay un turno o si les obligan a coger vacaciones en verano o en Semana Santa, cuando una provincia como León puede tener infinidad de incendios si el invierno ha venido seco. Otro asunto de gran calado son los escuchas de incendios (vigilantes en torretas). En algunas provincias son obligados a disfrutar de este periodo fuera de época de máximo riesgo. En el caso del último incendio de León, debieran haber dado el primer aviso, pero se encontraban de vacaciones. Esto es debido a que dichos operarios son obligados, en la actualidad, a disfrutar sus vacaciones en período de máxima alerta, con el fin de no pagar dichas vacaciones fuera del período estival, con el ridículo ahorro que esto supone.
Motobombas conveniadas y Bomberos Voluntarios.
En el caso de los convenios que mantiene la junta con mancomunidades y ayuntamientos en los que el camión autobomba contra incendios está conveniado, cada administración aporta una parte del gasto y/o bien la junta Entidad local, Mancomunidad o ayuntamiento pone el camión y la otra parte el personal, gastos de combustible, etc. o en ocasiones puede ser al contrario. Dependiendo del convenio que cada servicio provincial haya negociado con las entidades antes relacionadas. En cualquier caso, estas autobombas compuestas por personal municipal pueden haber estado toda la mañana regando jardines, desatascando tuberías etc. en cualquier municipio de la región y cuyo personal se mantiene después alerta en horas de más riesgo para eventuales salidas a incendios.
En el caso de los Bomberos Voluntarios que la mayoría de las ocasiones dependen de diputación provincial, al ser voluntarios tienen su punto débil en el tiempo de respuesta, suelen tener unos vehículos que pasan la veintena de años y se encuentran en unas condiciones pésimas de mantenimiento y para colmo no tienen sistemas de comunicación compatibles con las emisoras de incendios de la Junta de Castilla y León, por lo tanto la comunicación con el jefe o director de extinción no es posible; lo mismo ocurre si al incendio se desplaza algún camión de Bomberos profesionales de parques de diputación o bomberos profesionales de parques urbanos. No hay comunicación con ellos desde el puesto de mando o la coordinación de la extinción del incendio. Esto es simplemente intolerable de cara a garantizar la seguridad en las operaciones de extinción.
Agentes Medioambientales
Dentro de la Administración, uno de los colectivos que está siendo castigado de manera más rotunda, es el de los Agentes Medioambientales, (850 en Castilla y León) que, por otro lado, son los mejores conocedores del territorio, y en muchas ocasiones (90 %) los primeros en llegar a los incendios. Se da la paradoja, además, de que han de ejercer las labores de dirección de extinción en esos primeros momentos, y siempre que un incendio no sea elevado a nivel 2, en cuyo caso la dirección es asumida por un técnico. Estos Agentes Medioambientales se desplazan a los incendios atravesando cascos urbanos de localidades sin disponer en sus vehículos de señales acústicas ni rotativos V1 de color azul como les corresponde por normativa de emergencia y reglamento de vehículos, se les tiene limitado el consumo de combustible en 600 km. mensuales, como es el caso de León, no pudiendo, en muchos casos, ya no hacer unos servicios de vigilancia efectivos, si no tan siquiera hacer servicios disuasorios en zonas de incendios intencionados o dar un servicio a los ciudadanos del medio rural que viven en la mayoría de las ocasiones a muchos km. de los centros comarcales. Si bien es cierto que dicha limitación se obvia en caso de incendio, es también cierto que, en una nueva medida de ahorro, el parque móvil de los Agentes Medioambientales se encuentra en unas condiciones que rozan el esperpento, por su antigüedad, en general, y por la escasez de reparaciones, en particular. En concreto, en el incendio de Quintana del Castillo hubo Agentes Medioambientales que no pudieron acceder a la zona del incendio por tener varios vehículos en taller y disponer sólo de dos coches oficiales. Por otro lado, la permisividad de ciertos jefes de sección en la asignación de los vehículos a determinados agentes de forma casi exclusivo-privada es muy discutible, dándose casos de abusos conocidos por todos en los entornos rurales, pero consentidos por la Administración. Esto unido a la falta de vehículos, o a los que se encuentran en muy mal estado hace que algunos Agentes se desplazaran hasta el incendio es sus vehículos privados.
Mientras, la Consejería de Medio Ambiente mantiene el parque móvil de los Agentes Medioambientales en estado de chatarra, no cuenta con un plan de gestión de flota para este personal con una planificación y una tasa de reposición adecuada que permita optimizar gasto y dar servicio.
Por último, queremos denunciar el nefasto funcionamiento del sistema de asignación de guardias de extinción de incendios forestales, en la medida en que todos los Agentes Medioambientales, así como todos los técnicos de medio ambiente de los servicios territoriales, están obligados a realizar guardias de incendios, tengan la capacidad que tengan, no valorándose en absoluto los aspectos que se inculcan en los cursos de formación se imparten desde el CDF (Centro para la defensa Contra el Fuego). Colectivos, por otro lado, que son los llamados legalmente a ejercer las labores de coordinación y dirección de los incendios forestales; y para cuyo extremo, no todas las personas se encuentran preparadas. No se tiene en cuenta en absoluto la validez o capacidad del personal, quizás válido para otros aspectos profesionales, pero donde en los trabajos de incendios forestales se hace extremadamente peligroso puesto que se trata de una emergencia en la que la persona que ejerce la dirección de un incendio porque ese día “le tocaba estar de guardia” no está capacitada para ello, por falta de experiencia, motivación, o incluso por el bloqueo emocional que se crea ante una incapacidad total de toma de decisiones en entornos de estrés. No en pocas ocasiones, se dan casos en los que el personal más capacitado, pero al que no se le tienen en absoluto en cuenta su experiencia y resultados, se siente muchas veces maltratado por su propia administración, llegando en muchos casos al desánimo y a la frustración personal y profesional.
Se ha de realizar un nuevo ajuste en los cálculos de causalidad e índices de frecuencia (actualmente obsoletos) para la asignación de guardias de incendios forestales para todo el personal de la Consejería y permitir realizar guardias helitransportadas a los Agentes Medioambientales que así lo han solicitado en determinadas provincias, dado que es un recurso técnico y táctico en el primer ataque de vital importancia y mucho más efectivo que el personal de la empresa adjudicataria que puede ser incluso original de otra región del Estado con las carencias obvias en el conocimiento del territorio.
Desde aquí se propone, al menos en la gestión de grandes incendios forestales, como situaciones de emergencia que son y extensible a todo el ámbito de sus competencias, la especialización del colectivo de Agentes Medioambientales, con criterios distintos a los de la simple antigüedad, tales como la formación continua en las diversas especializaciones, y por supuesto, un criterio que valore los méritos en base a los resultados.
Unidad Militar de Emergencias
Buen recurso pero siempre tarde. En los incendios forestales el factor más determinante en la fase de control es el tiempo de respuesta. En el caso del último incendio de León los tiempos de respuesta de la UME fueron pequeños debido a que esta unidad cuenta con una base en la provincia de León. En caso de grandes incendios forestales en otras provincias, los tiempos de respuesta de una unidad que actúa a partir de nivel 2 se hacen excesivos y llegan en la mayoría de las ocasiones a controlar el perímetro de la superficie que ya se ha estimado prácticamente como sacrificada y que será pasto de las llamas. No es operativo dedicar tanto gasto en medios de extinción a 3, 4 o 5 horas del lugar donde se produce un incendio, mientras los camiones de diputaciones y mancomunidades de pueblos que se encuentran a escasos 20 minutos del inicio del fuego se encuentran en estado de chatarra. Una asignatura pendiente del Gobierno de España y La Junta de Castilla y León. Analizar el estado actual y distribuir mejor los recursos del primer ataque en extinción de incendios forestales.
Más recursos en Prevención y ahorro en Extinción.
Mejora en la Gestión del combustible.
De las cuatro partes que se divide la generación del fuego en un incendio forestal, el combustible vegetal es el único factor sobre el que podemos actuar previamente para minimizar la progresión de llama y la reacción en cadena que hará que un incendio se descontrole. Aunque parezca que puede ser un tema de menor importancia, nada más lejos de la realidad. La disposición, estructura, altura, especies, etc. Está muy estudiada por la ciencia forestal, sin embargo, estos conocimientos no se ponen en práctica con la celeridad que sería deseable; debido en la mayoría de las ocasiones a falta de voluntad política presionada por los lobbies de la extinción.
No entendemos como en la actualidad se esté cobrando dinero a los ganaderos por mantener el ganado pastando en los Montes de utilidad Pública con la cantidad de combustible vegetal que retiran los animales cuando pastan. Quizás una mejora y adecuado ordenamiento del pastoreo en los periodos primaverales podría servir para eliminar el combustible de determinadas zonas de riesgo, proponiendo pastoreo gratuito a cambio de realizarlo en determinada época en determinadas zonas.
Otro aspecto a tener en cuenta sería los cultivos agrícolas que mantienen humedad, y son verdaderos cortafuegos artificiales, fundamentalmente el girasol en zonas de secano, al cual no sería descabellado estudiar el incrementar la prima que ya reciben de la PAC para aquellos agricultores que opten por realizar este cultivo en perímetros colindantes con terrenos forestales. Castilla y León siembra anualmente más de medio millón de hectáreas de girasoles que sería posible gestionar como cortafuegos en zonas de alto riesgo de incendios forestales.
Estabilidad laboral para el personal de retenes y cuadrillas de incendios durante el invierno. No se entiende que en contra de todas las recomendaciones científicas derivadas del estudio de la fisiología vegetal, en Castilla y León se realicen los tratamientos selvícolas (podas y clareos) por las cuadrillas-reten durante el verano, cuando lo correcto, sería realizarlos en el transcurso de la parada vegetativa de las plantas, cuya práctica, mejora la aparición de plagas, y no interrumpe el desarrollo del árbol. Un aspecto a estudiar y a tener en cuenta si se quiere mejorar el resultado de los trabajos de prevención de incendios y de fijación de población joven en el mundo rural que tanto le importan y recalca el presidente Herrera.
