Fuente: La Verdad
La Comisión Europea anuncia su decisión de acudir al Tribunal de Justicia de la UE por «la insuficiente gestión a la que se someten los residuos» en enclaves de varias comunidades, entre ellas Murcia, que está en el punto de mira, entre otras, por las instalaciones de Proambiente en Abanilla
La Comisión Europea (CE) anunció este jueves su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la persistencia de basureros ilegales y la insuficiente gestión a la que se someten los residuos en vertederos de varias comunidades, entre ellas Murcia, así como de Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. La Región se encuentra en el punto de mira de Bruselas por varios enclaves, entre ellos, las instalaciones de Proambiente en Abanilla.
El Ejecutivo comunitario explicó en un comunicado que, pese a sus advertencias, España no ha tomado las medidas necesarias para subsanar el problema de la insuficiente gestión a las que se someten los residuos en estas comunidades autónomas.
Bruselas recuerda que según la normativa comunitaria en materia de residuos los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y han de prohibir por tanto su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
La CE abrió el procedimiento contra España en marzo de 2007 tras haber detectado una serie de "vertederos ilegales" y emitió en octubre de 2008 un dictamen motivado, segundo paso de ese procedimiento comunitario de infracción. España prometió cerrar y recuperar esos vertederos antes de finales de 2011.
Ante la falta de progresos, Bruselas emitió en septiembre de 2014 un dictamen motivado complementario por el que se instaba al país a dar el tratamiento adecuado a 63 vertederos incontrolados que pese a no estar en funcionamiento seguían constituyendo una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.
Concretamente, la CE, en lo que respecta a la Región, pidió a las autoridades competentes en 2014 que procedieran "con urgencia" al cierre, sellado y regeneración del vertedero de la empresa Proambiente, entre los términos municipales de Abanilla y Orihuela, así como "de todos los vertederos ilegales existentes en el país".
En vista de que a mediados de 2015 España seguía sin proyectar, aprobar o iniciar la mayor parte de las obras necesarias para la clausura, sellado y restauración de 61 de esos vertederos, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE con objeto de forzarla a acelerar el proceso.
