Fuente: Diario de León
La retirada de las armas que sufrió el sector hace dos años pone de manifiesto la necesidad de buscar alternativas para garantizar la seguridad de los agentes. Por este motivo, reclaman programas específicos de defensa personal y dotación a los funcionarios de este colectivo de medios materiales de defensa individual necesarios para hacer frente a las intervenciones que tienen encomendadas incluyendo la formación, el acceso al armamento y las condiciones adecuadas para su uso y depósito.
Una situación similar afecta al colectivo de Celadores de Medio Ambiente, unos 30 en León, y unos 125 en toda la comunidad, que también ha sufrido recortes importantes en los medios materiales. Se trata de personal laboral con competencias de caza en las reservas regionales de caza de Riaño, Mampodre y Ancares. Desde CSI-F se busca desde el año pasado la negociación con la Junta de Castilla y León de un nuevo convenio colectivo del personal laboral que recoja sus reivindicaciones laborales.
El responsable del sector en CSI-F asegura que están dispuestos a recurrir a los tribunales si la Junta no se compromete a cumplir el convenio suscrito en 2007. «Hemos solicitado entrevistas con Medio Ambiente para tratar este asunto y siempre es la callada por respuesta», afirma Bécares.
