WWF y SEO/Birdlife estiman en unos 185.000 los animales muertos por el uso ilegal del veneno en nuestro país. El informe “El veneno en España (1992-2013)” elaborado por las organizaciones mencionadas, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, ha sido presentado hoy en Madrid. El documento desvela datos alarmantes del impacto del veneno sobre la fauna. A pesar de las altas cifras que recoge el estudio, las organizaciones alertan de que estos casos son sólo la punta del iceberg, ya que se está localizando solamente alrededor del 10% de los casos reales de envenenamiento.
“Una mayor sensibilización y un incremento de las sanciones son esenciales para frenar esta sangría”
El informe desvela datos alarmantes del impacto del veneno sobre la fauna. A pesar de las altas cifras que recoge el estudio, las organizaciones alertan de que estos casos son sólo la punta del iceberg, ya que se esta localizando solamente alrededor del 10% de los casos reales de envenenamiento. Uno de los motivos es la crisis económica, el recorte de medios y la selección de los animales analizados como se ha puesto de manifiesto durante la presentación del documento.
Luis Suárez de WWF señalaba la importancia de los avances conseguidos: la existencia de una estrategia nacional, de unos protocolos y del trabajo de patrullas especializadas de los Agentes Forestales y Medio Ambientales y del Seprona de la Guardia Civil.
La falta de implicación a nivel político y que esas apuestas se traduzcan en medios para tratar este problema son algunos de los ejes principales de esta problemática. “Falta limitar la accesibilidad a los productos utilizados como veneno y falta concienciación. Es un delito que no se toma en serio” apuntan desde las organizaciones ecologistas.
Para Carlos Cano de WWF es imprescindible destacar que aunque las cifras son alarmantes son sólo una parte del alcance que puede tener el veneno.
Las aves rapaces ocupan el primer puesto de animales envenenados con un 34%, a los que siguen los mamíferos domésticos (principalmente perros y gatos fuera de entornos urbanos), otras aves (como las cigüeñas), afectando también a carnívoros terrestres, palomas, córvidos, mamíferos silvestres (jabalíes, conejos o liebres); lo que nos da una muestra de la peligrosidad del veneno al ser una herramienta muy poco selectiva, que afecta a una gran variedad de especies en diferentes grupos faunísticos.
David de la Bodega, de SEO/BirdLife, alude a la existencia de dos Españas, la del norte en la que el veneno es utilizado en gran parte para la protección del ganado, y la España del sur, en la que la caza es la principal causa.
La cinegética supone un 79% frente a la ganadería o a la agricultura como causa del uso de veneno en nuestro país. Las cifras también dependen de las características de cada comunidad o su extensión.
El 63% de todos los animales envenenados se ha encontrado en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Las organizaciones denuncian que el uso de cebos envenenados es el método más utilizado para matar depredadores a escala mundial y está asociado principalmente a la caza y a la ganadería extensiva. Apuntan a que no se puede criminalizar a estos colectivos pero sí ser conscientes de que las personas que realizan estos métodos ilegales provienen principalmente de dichos colectivos.
Afirman que “utilizar veneno no es gratis”, recordando las consecuencias legales que supone para los infractores y mencionando la reciente noticia de la condena por envenenar 6 águilas imperiales que asciende a 360.000 €
Las sustancias más utilizadas están prohibidas y retiradas del mercado de la UE
Además, alertan de que las sustancias más utilizadas para envenenar fauna siguen siendo el aldicarb, el carbofurano y la estricnina, todas de gran toxicidad, prohibidas y retiradas del mercado de la UE. El uso frecuente de estos productos es para las ONG la prueba de la existencia de un stock disponible para el envenenador, no gestionado y no eliminado, así como la actividad de un tráfico ilegal destinado a la elaboración de cebos en el ámbito de la ganadería y la caza. Algunas de estas sustancias están prohibidas desde 1994 pero siguen apareciendo en cebos. Desde las ONG piden que se sancione la tenencia de estas sustancias por su peligrosidad, ya que 5 gramos de aldicarb puede acabar con la vida de 111 milanos o de 50.000 cernícalos, y también con la vida de seres humanos.
Desde 2010 a 2015 se ha registrado un ligero descenso del uso de los venenos aunque también señalan que en algunas comunidades como Castilla y León, no se analizan los casos de envenenamiento desde 2012.
Las ONG exigen la implementación de un Sistema Integrado de Gestión para los pesticidas obsoletos, la aprobación de un marco legal contra la tenencia de sustancias tóxicas ilegales y el endurecimiento de las sanciones por el uso de veneno.
Denuncian que el uso ilegal de veneno constituye una amenaza muy grave para la biodiversidad española, pero también para la europea, ya que nuestro país alberga entre el 80-90% de las poblaciones europeas de especies como el buitre negro, el buitre leonado y el alimoche, además de ser un lugar fundamental para el futuro de otras especies como el quebrantahuesos, el águila imperial o el milano real.
Por todo ello, WWF y SEO/BirdLife piden a las administraciones competentes que redoblen sus esfuerzos para acabar con esta lacra, aprobando las correspondientes estrategias regionales y dotándolas de los oportunos medios (laboratorios, técnicos, patrullas especializadas con apoyo de perros, principalmente).
Nos encontramos ante un problema de salud medioambiental, salud pública y según afirman los representantes de las ONG, estamos haciendo un buen trabajo y existen avances, pero cada año mueren 9.000 ejemplares, algo que supone un problema de biodiversidad y un problema económico. Por ello alertan de que no se puede bajar la guardia. “Tenemos que convencer a la sociedad de que es intolerable la puesta de veneno en el campo” apunta Carlos Atienza.
Para terminar Atienza ha señalado la importancia del trabajo conjunto de la administración y de los medios de comunicación para frenar esta problemática y ha marcado cinco medidas en las que hay que seguir avanzando:
- Mejora y aumento de los equipos especializados de los Agentes Forestales y Medio Ambientales y del Seprona.
- Formación y capacitación de dichos equipos (técnicos, laboratorios, agentes…)
- Mejorar los medios para necropsias y análisis propios de la investigación que también han sufrido la crisis económica.
- Limitar el acceso a las sustancias utilizadas como veneno, prohibiendo su uso y tenencia.
- Utilizar todas las posibilidades que nos da la legislación. Homogeneizar y utilizar todos los recursos que hay.
En cuanto al contenido del informe, se destaca la labor de los Agentes en las comunidades autónomas: La Estrategia Andaluza de Lucha Contra el Veneno a través de las Brigadas de Investigación de Veneno (Bive) integradas por Agentes de Medio Ambiente. Las acciones llevadas a cabo por los Agents Rurals y su iniciativa que ha llevado a la constitución oficial de las Brigadas contra el Veneno y el Furtivismo, reconocidas en el Plan de Acción de Lucha Contra el Veneno de Cataluña. La iniciativa de Castilla –La Mancha impulsada gracias al proyecto Life+Veneno corodinado por Seo/BirdLife con la creación de la Unidad de Investigación de Venenos (UNIVE). En Extremadura se ha recogido recientemente esta especialización de los agentes y Aragón ya lo contempla en su Plan de Acción Contra el Veneno desde el 2007. Todo ello sumado a las unidades caninas que poco a poco van aumentando su presencia y cada vez están mejor reconocidas como unidad muy efectiva en la lucha contra el veneno.
Esperemos que el informe sirva para concienciar y poner de manifiesto la problemática y que ayude a hacer realidad el hashtag #STOPVeneno.