Fuente: El Norte de Castilla

Solo una mujer entre los 65 Agentes Medioambientales de la provincia de Valladolid

Isabel García Galán está destinada en Valladolid, aunque ejerce en comisión de servicio en Arévalo

«Pena, pero orgullo por poder dedicarme a lo que me gusta». Eso es lo que siente Isabel García Galán (Coca, Segovia, 1979) al conocer que es la única mujer agente medioambiental en Valladolid. En la actualidad, en la región esta cifra tan solo asciende a 35, un 4,5% del total de puestos existentes. Aunque reconoce que «cada vez más mujeres» se dedican a ello, aún ve lejos el horizonte de la equidad de géneros en la profesión. «Ojalá, pero lo veo muy difícil. Sigue siendo un trabajo mayoritariamente de hombres», lamenta. Solo García está destinada en la provincia, aunque únicamente ejerció durante «tres años y poco» en Medina del Campo. «No estaba a gusto allí» y decidió pedir el traslado. Le asignaron Arévalo, un municipio abulense situado a 27 kilómetros de Coca, donde vive. «Había algún compañero que se creía superior a mí por el hecho de ser hombre. Ahora en Arévalo estoy bien, muy cómoda», sostiene.

Los agentes medioambientales se sienten «desamparados» y «abandonados» a merced de unas circunstancias que en «muchas ocasiones» les superan. No entienden por qué «siendo un colectivo con 140 años de historia», la Junta de Castilla y León les relega a un segundo plano y no les otorga la importancia que, en su opinión, merecen. «Tenemos unas carencias impresionantes, y eso que somos los encargados de realizar las funciones de vigilancia del medio natural y controlamos y sancionamos las actividades que agreden al medio ambiente», afirma el presidente de la Asociación Profesional Sindical de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), Esaú Escolar. De hecho, creen que no aparecen ni en las «encuestas de preocupación de la gente». «No tienen ningún plan para nosotros. Los agentes se están formando y gastándose su propio dinero en cursos para estar al día tanto en materia técnica como legislativa», desvela el portavoz.

La realidad es que los hechos acreditan esta afirmación. Valladolid es la segunda provincia de Castilla y León donde menos vacantes se han convocado en los últimos trece años, con un total de trece, una cifra similar a la de Zamora y únicamente por detrás de Salamanca. Estas plazas, según considera Escolar, «no se han convocado porque la Junta ha interpretado que es prioritario dedicar esfuerzo presupuestario a otras cuestiones». «Cada vez somos menos, va a llegar un día en el que estaremos bajo mínimos», subraya.

Esaú Escolar: «No podemos enfrentamos a gente armada con papel y boli»

Se han «cansado» de pedir seguridad y medios de defensa «adecuados y proporcionales» a la Junta de Castilla y León. Son el «único» colectivo de agentes de la autoridad que se «enfrenta a gente armada» pero, sin embargo, se sienten indefensos. «Hemos pedido que se tome el asunto en serio, no con las chapuzas que se están haciendo», lamenta el presidente de la Asociación Profesional Sindical de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), Esaú Escolar. Estos «parches» a los que este agente medioambiental segoviano destinado en Aranda de Duero se refiere no son más que las actividades de formación que la Junta organiza para tratar de minimizar «altercados». «Nos han dado un curso de cinco horas donde el psicólogo nos ha dicho que si alguien nos insulta, nos demos la vuelta y salgamos corriendo», asegura Escolar. «No tiene ni pies ni cabeza», continúa.

En los últimos años, los agentes de la región, en general, y de Valladolid, en particular, han vivido «episodios bastante peligrosos». El último en la provincia se produjo en octubre de 2017. El presidente de un coto privado de caza de Boecillo, cuenta Escolar, alertó al 112 de que «había visto a un furtivo cazando allí». Seguidamente, el Servicio de Emergencias dio aviso al profesional medioambiental destinado en la zona y, «en solitario», recuerda el presidente, «se enfrentó» a estas personas. «No llevaban armas de fuego porque eran galgueros, pero cuando el compañero se acercó para pedir explicaciones le sacaron una navaja e intentaron apuñalarle», sostiene. Por fortuna, el agente «se metió corriendo al coche y pudo salvar el pellejo». En ese instante, para Escolar quedó demostrado que «no podemos enfrentarnos a gente armada con un papel y boli».

«Hace años», tantos que Escolar no recuerda el momento exacto, la Junta, en un intento por mejorar la seguridad de los agentes medioambientales, activó el denominado «botón rojo del miedo». En caso de emergencia, los profesionales solo tendrían que pulsar esa tecla y «alguien» acudiría en su ayuda. «Hemos probado mil veces y resulta que no hay nadie que esté mirando, excepto en verano, cuando hay incendios forestales».

Este limitado requerimiento se traduce, a su vez, en un escaso número de agentes medioambientales en la provincia. En la actualidad, en Valladolid solo ejercen 65 profesionales, designados en quince puntos geográficos, sobre un total de 792 en el conjunto de la comunidad.

Déficit de profesionales

Aunque es la segunda cifra más baja de la región, solo superado por Salamanca, con 61 plazas, Apamcyl considera que el número de profesionales está distribuido en función de las necesidades. «Valladolid, por ejemplo, no tiene el problema de los incendios forestales, que requiere más recursos humanos y afecta sobre todo al noroeste, León, Sanabria, el norte de Palencia...», incide.

A todo ello, además, hay que añadir las jubilaciones. En Valladolid está estimado que a lo largo de este año hagan lo propio tres agentes y hasta 2023, hasta doce. «En la comunidad hay un déficit estimado de 108 puestos de agentes medioambientales, que se incrementaría a 147 en 2019 y aumentaría hasta los 256 en 2023», asegura Apamcyl en un escrito remitido a la institución regional. En este mismo informe, además de «ir de dos en dos, jamás solos», los agentes medioambientales han «reclamado» la creación de un Cuerpo de Agentes Medioambientales para poder desvincularse «completamente» del cuerpo técnico de la Consejería de Medio Ambiente. «Queremos que nuestros jefes sean agentes medioambientales», afirma el presidente. «No puede ser que un cuerpo técnico dedicado a gestionar presupuestos tenga esta responasbilidad. No están preparados para esto».

«Principal problemática»

La «principal problemática» de la provincia, según Escolar, es la «caza furtiva de individuos de etnia gitana que son muy agresivos». Asimismo, montes e incendios es la materia la que engloba el mayor número de sanciones entre 2012 y 2015, con un total de 138, que han supuesto un importe de 38.416 euros. «Hay más, muchas ni siquiera se denuncian».