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Fuente: Ciencia ambientales

Cebos envenenados y furtivismo en la memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo

Cebos envenenados y furtivismoLa Memoria de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2018, detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Unidad a lo largo del citado año. En este artículo se pormenorizan las actuaciones en materia de Cebos Envenenados y Furtivismo.

Cebos Envenenados

Recordamos, y así lo recogen algunas memorias, la iniciativa puesta en marcha desde esta Unidad en años anteriores, destinada a recabar de las autoridades administrativas competentes de las Comunidades Autónomas, la información precisa acerca de las resoluciones administrativas de suspensión de aprovechamiento cinegético de cotos de caza en los que se producen envenenamiento de fauna y que ha facilitado el seguimiento por los Fiscales Delegados, lo que ha supuesto una notable disminución de estas prácticas.

La Fiscal Delegada de Jaén, alude a la formulación de escrito de acusación contra un ganadero como, autor responsable de un delito de los artículos 336 y 338 del C.P., por la colocación en el Espacio Natural Protegido del Parque Natural de Sierra Mágina y, cerca del lugar en el que se encuentra su explotación ganadera, del cadáver de un borrego impregnado de sustancias altamente tóxicas, con la finalidad de utilizarlo como cebo y ocasionar la muerte de los animales silvestres, depredadores o carroñeros.

En cualquier caso, tanto Jaén, como Albacete o Ciudad Real destacan, la disminución del número de diligencias previas incoadas de delitos contra la fauna por el empleo de cebos envenenados, máxime desde la iniciativa puesta en marcha por esta Unidad en 2010, relativa al control del uso de cebos envenenados en el campo.

Por el contrario, el Fiscal de Alicante observa un repunte de las diligencias por muerte de animales por esta práctica y sin que se llegue a descubrir el autor. Se ha estimado conveniente extremar la investigación para descubrir a los culpables, evitar su repetición y, las consecuencias que tales envenenamientos pueden provocar en la cadena trófica.

La memoria de Castellón reseña las diligencias que se siguen en Segorbe, para la investigación de delitos previstos los artículos 334, 336 y 337 del Código Penal. Se constató la muerte de tres Águilas-Azor Perdiceras (Aquila fasciata), especie que se encuentra, según el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas y también como “Vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). Las Águilas llevaban adosado en su cuerpo un GPS para el estudio de su comportamiento y localización. Tal circunstancia, permitió realizar una reconstrucción de los últimos posicionamientos de las aves, siendo éstos cercanos al palomar investigado, sito en la localidad de Jérica. Realizada necropsia de las aves, resulto positiva la ingesta de una sustancia tóxica denominada carbofurano (fitosanitario cuya comercialización y utilización en preparados, está prohibida en el ámbito de la Unión Europea desde el 16 de junio de 2007). En el lugar de aparición de las águilas muertas, se halló restos de una paloma cuyo plumaje coincidía con el encontrado en el buche de un ejemplar en el momento de realizarle la necropsia. A pesar de los datos recabados y de la extensa y minuciosa de la instrucción policial, el Juez Instructor acordó el sobreseimiento de la causa, auto que fue recurrido en reforma y subsidiario de apelación por esta representación. Actualmente a la espera del resultado del recurso interpuesto.

El Fiscal de Palencia ha llevado a cabo la calificación por delito contra la fauna del articulo 336 del Código Penal, en unas las diligencias previas del juzgado de Carrión de los Condes, por unos hechos que vienen referidos a la aparición de cebos envenenados en papel de aluminio, en una finca del páramo de Albia de Torres cerca de Espinosa de Villagonzalo. Poco tiempo después, por el agente medioambiental se localizó, en las proximidades, un vehículo donde viajaban tres personas, una de ellas con una escopeta cargada. El conductor alega que, tienen permiso para cazar cornejas y al abrir el maletero localizan otra escopeta cargada y un envase de plástico que contiene carne picada con pequeños puntos de color oscuro. El informe analítico relativo a dicha sustancia, por parte del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos, determinó que la sustancia que apareció tanto en el bote, como en el papel de aluminio, podría tratarse de granos del carbamato, insecticida Aldicarb, utilizado frecuentemente para envenenar animales silvestres. También señala que el papel de aluminio se usa habitualmente para atraer córvidos al presunto cebo. Habiéndose dictado auto de sobreseimiento, ha sido recurrido por el Ministerio Fiscal en reforma. Tras la estimación de dicho recurso, se está a la espera de juicio.

La memoria de Navarra destaca el juicio celebrado a finales del 2018 en el Juzgado de lo Penal 2 de Pamplona, seguido contra los guardas y presidentes de cotos de caza de las localidades de Tudela y Cintruenigo por un envenenamiento masivo de rapaces y el Procedimiento Abreviado del mismo Juzgado seguido por la caza indiscriminada de jilgueros y traslado posterior para su venta en condiciones paupérrimas. Ambas causas están pendientes de sentencia, si bien dos de los tres acusados conformaron la acusación formulada por el Ministerio Fiscal.

Furtivismo

La Fiscalía de Vizcaya, ante la lectura en prensa de una noticia que narraba que se habían entregado a comedores sociales unos 70-80 kilos de percebes, presuntamente, procedentes de San Juan de Gaztelugatxe, perteneciente a la Biosfera del Urdaibai, e incautados a tres personas que carecían de autorización para su captura. Se incoaron diligencias por un presunto delito del artículo 335.3 del C.P. que culminaron en las diligencias previas que se tramitan en el Juzgado de Instrucción no 2 de Gernika. En 2019, se ha preparado un escrito para alcanzar conformidad.

Es llamativo que, tras este primer caso, único en los registros de la Fiscalía de Vizcaya, se ha remitido otro atestado por hechos similares, aunque por cantidad inferior (aprox. 40 kgs de percebes).

Teruel, subraya el furtivismo en caza mayor, profesionalizado entre la “jet set” y de forma organizada criminalmente, como un supuesto cada vez más frecuente. Reseña por un delito del 335.2 C.P., la sentencia condenatoria de 16 de junio de 2017 del Juzgado de lo Penal de Teruel, revocada en recurso de apelación por la Audiencia Provincial en sentencia de 29 de enero 2018, al considerar atípicos los hechos conforme a la redacción anterior a la L.O. 1/2015. Continúa, pendiente de recurso de apelación ante la Sala, otra causa por hechos relacionados y derivados de la caza furtiva y con seguimiento de posible organización criminal de furtivos, del Juzgado 3 Teruel. Otros similares están en fase de instrucción, y recaen especialmente sobre cabra hispánica. Un quinto procedimiento quedó “eclipsado” ante los hechos más graves, frente a las sospechas de furtiveo, como es el atentado a los agentes de la autoridad, cuyo acusado, por su condición de personaje público, dio lugar a un juicio, con sentencia condenatoria en el Juzgado de lo Penal y vuelta a ser, como es habitual en los temas ambientales, revocada por la Sala de la Audiencia Provincial.

La Fiscal de Cantabria refiere el aumento de denuncias por pesca furtiva del artículo 335.3 del C.P.

La misma Fiscalía en el ámbito del artículo 335 C.P. resalta la constante actividad delictiva relacionada con ese tipo penal. Se han formulado acusación en varios procedimientos en los que es habitual, no solo apreciar el delito del art. 335.2 CP, sino el delito de tenencia ilícita de armas del art. 564 CP por parte del autor de los hechos. Se tienen abiertos en instrucción varios procedimientos pendientes de informe pericial de balística para cotejar y analizar armas intervenidas a los investigados.

Por un presunto delito del artículo 335.2 del C.P., la Fiscalia de Zamora señala el procedimiento abreviado que se sigue en el Juzgado de Instrucción 3 de esa ciudad, en el que se formuló escrito de acusación por abatir, el arrendatario del coto colindante, un ciervo de 14 puntas, sin autorización y arrastrando el cuerpo hasta el interior del coto al que pertenecía en Castillo de Alba.

Texto extraído de la sección sobre Cebos Envenenados y Furtivismo en la Memoria 2018 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo, páginas 55-57.

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