La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) como organización legítimamente interesada y referente en la representación y defensa de los intereses y derechos de los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía tiene a bien en realizar comunicado sobre la base de las noticias aparecidas en medios de comunicación, los pasados días 27 de septiembre y 3 de octubre de 2021 al respecto de la Operación Zacayón de la UCOMA de la Guardia Civil en el Espacio Natural de Doñana.
Según se desprende de dichas noticias se entiende que dicha operación se encuentra ahora mismo judicializada a la espera por parte de la Fiscalía de Huelva de un archivo motivado por parte del juez instructor del Juzgado de La Palma del Condado y, que en el sumario se describen numerosas acciones irregulares que afectan gravemente a las actuaciones realizadas por los Agentes de Medio Ambiente de dicho espacio protegido, entre ellas principalmente, la omisión de la preceptiva tramitación de informes, denuncias y atestados realizados por los agentes adscritos a Doñana.
Además de la extrema indefensión del bien jurídico protegido de carácter ambiental, el cual goza de reconocido prestigio internacional, dicha irregularidad genera también una grave falta de respeto a la labor profesional que dichos agentes realizan, los cuales trabajan superando numerosas adversidades en relación a la dotación de medios y personal, suponiendo en todo caso la generación de un grave riesgo psicosocial, debido a la exposición ante los infractores, que reiteradamente salen reforzados por la falta de sanción de sus infracciones.
Resulta bastante inquietante que hasta la fecha el Juez de Instrucción de la Palma del Condado no haya tomado declaración en sala judicial a ninguno de los numerosos testigos que declararon ante la UCOMA, para detallar o elucidar las graves cuestiones referidas en sus declaraciones y que han derivado en un abundante sumario de unos 2.000 folios, hecho que choca con la costumbre habitual usada en causas bastante menores e intrascendentes, donde casi por mero trámite se realiza dicha rueda de testificales, siendo en este caso los Agentes de Medio Ambiente testigos cualificados en la materia, los cuales ostentan la condición de agente de la autoridad y de policía judicial.
Esta incidencia es la que refiere y pretende amarrar el Fiscal Jefe de Huelva en sus declaraciones cuando afirmaba: "Siempre decimos: contad con la gente de aquí,…el personal del parque y sus agentes"; porque el Ministerio Fiscal, incluida la Fiscalía General de Sala, no debe de establecer una postura pasiva ante los ilícitos ambientales que acontecen en Doñana y resto de Andalucía, sino que indefectiblemente debe implicarse en una participación y vigilancia proactiva de alerta temprana ante cualquier indicio de no remisión de hechos delictivos a la autoridad judicial por parte de la
administración ambiental, porque de no hacerlo de manera diligente se pierde sin solución la eficacia y el necesario carácter preventivo de los preceptos medioambientales.
De la investigación acaecida en las arenas y marismas de Doñana, se desmadeja que las altas cumbres del Parque Nacional de Sierra Nevada tampoco son ajenas al modus operandi de la no incoación de expedientes sancionadores de las actas de denuncias y atestados de los Agentes de Medio Ambiente y otras unidades policiales, y es fácil inferir que si esa mala praxis es habitual en los parques nacionales andaluces, escenarios de la mayor primacía de protección, se ha de extender igualmente con toda probabilidad como una metástasis en todos los espacios protegidos y medio natural con menor rango de prelación del resto de la geografía andaluza.
En Andalucía, en este asunto de la no tramitación de denuncias y atestados de los Agentes de Medio Ambiente y de otras unidades policiales, desgraciadamente siempre llueve sobre mojado, haciéndose extensivo a varios equipos de gobierno de diferente signo político, que indiciariamente parecieran promulgar y profesar consignas políticas para anular y conculcar la norma medioambiental, manejando a capricho o por interés ilegítimo toda la tramitación de la potestad sancionadora, incluidas actas y atestados donde se plasman posibles ilícitos penales de gran afección medioambiental en insultante paradoja con todo el aparato propagandístico medioambiental que enarbolan.
Sirva como referente la denuncia realizada por la AAMAA en el 2014 sobre idénticos casos de omisión en la tramitación de denuncias en la Delegación Territorial de Málaga.
https://www.malagahoy.es/malaga/Denuncian-personal-sanciones-Medio-Ambiente_0_844715673.html
Conexa igualmente con la denuncia también realizada por la AAMAA en 2018 en referencia a la Delegación Territorial de Jaén, tras emitir esta un comunicado en el que se limitaba a los agentes la investigación de delitos medioambientales, circunstancia mantenida en el tiempo que en este año 2021 ha obligado a la remisión de un oficio desde la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a la Delegación Territorial de Jaén sobre lo improcedente de su proceder.
http://www.aeafma.es/gabinete-de-prensa/noticias/1720-agentes-critican-prohiba-realizar-atestadosdelitos-medioambientales
Enlace Escrito Fiscalía:
https://mega.nz/file/9xRggBbB#zWxIKjEKD_7OPEjb7gFv1Qu28rhP6BxQ6_V11wi0BXI
Ante este caso y otros parecidos, resulta altamente preocupante la nula o ausente reacción política de cualquier color y posición parlamentaria ante los escándalos medioambientales, haciendo germinar la sospecha de la existencia de un pacto político tácito de no agresión en estas cuestiones.
Además de esta presunta obstrucción directa a la potestad sancionadora, subyace de manera indirecta un desmantelamiento de las plazas de funcionarios en los diferentes Departamentos de informes y Sanciones de las Delegaciones Territoriales y Dirección General, dónde al adelgazamiento de plantilla se suma a veces el carácter supletorio y eventual de personal interino en dichas funciones, habiéndose tenido que recurrir en ocasiones a derivar a Agentes de Medio Ambiente como instructores de dichos departamentos, todo lo cual es sintomático de una falta de apuesta por el preceptivo ejercicio de la potestad sancionadora.
Como ya ha venido denunciando reiteradamente la AAMAA, la merma de efectivos de Agentes de Medio Ambiente ha ido disminuyendo exponencialmente en las dos últimas décadas, en un ejercicio presumiblemente intencionado de relajación y falta de celo en el incremento y dotación de plantilla, desfilando desde un universo de 1.300 agentes hasta los actuales 735, cifra que se antoja claramente insuficiente para acometer la vigilancia del cumplimiento de la basta y compleja normativa medioambiental andaluza.
Según Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz y diversa jurisprudencia, el subterfugio esgrimido por las administraciones públicas de falta de medios personales, no es óbice para eximir del deber de tramitar las denuncias, inacción que quebranta frontalmente el derecho de toda la ciudadanía a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales promulgado en el Articulo 28 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Además, en el caso circunstancial de no disponer de suficiente personal para ejercer la potestad sancionadora, la norma administrativa habilita a la autoridad ambiental a marcar la prioridad en la tramitación de las denuncias en función de la gravedad y afección causada al bien jurídico protegido, pero este recurso de gestión y disciplina se omite absolutamente en Doñana y en otros territorios, donde con velado acomodo se establece un riguroso y farragoso orden cronológico en su tramitación, sin distinguir cualitativamente una denuncia de un vehículo mal aparcado por bañistas en fin de semana de aquella que consiste en una actuación que implica una grave transformación de hábitat
prioritario y afección a especies amenazadas, ocurrencia que a la larga beneficia a los grandes infractores y perjudica gravemente de manera irreversible al medio natural.
Al hilo de la imputación de funcionarios con nombres y apellidos y ausencia de implicación directa a la persona jurídica de la Junta de Andalucía, sería coherente que como institución, esta como en otros litigios, se personase como acusación particular en la causa, para en primera instancia permitirle el acceso al sumario y con posterioridad acometer la defensa, medidas cautelares y disciplinarias que de dicho acceso pudieran derivarse, todo ello en la salvaguarda de los bienes comunes de interés público.
Tras consulta de diversas fuentes, en principio la AAMAA ha de dar confiada credibilidad a los hechos en cuestión, confianza que también emana por la razón de que la Sociedad Española de Ornitología (SEO) se haya personado como acusación particular y que incluso haya recurrido el archivo no motivado de la causa, en coherencia, entre otros, con su responsabilidad cómo socio coordinador del Proyecto LIFE Guardians, que pretende como objetivos el implementar entre los agentes un abordaje efectivo de la prevención, la investigación, persecución y la resolución de los delitos ambientales.
En referencia a la presunta implicación del Coordinador General de Doñana, así cómo de cualquier otro agente que a la larga del proceso judicial pudiera verse implicado, la postura de la AAMAA, como no puede ser de otra forma, es depositar inicialmente su confianza en la presunción de inocencia y aboga en coherencia con el Estatuto Básico del Empleado Público en que se abra un proceso de información reservada como mayor garantía para los implicados en evitación de juicios públicos paralelos, manteniéndose a la espera de ulteriores decisiones judiciales.
La AAMAA coincide, en que para el acotamiento de los delitos ambientales, se precisa de un gran ejercicio de comprensión de la complejidad ambiental desde ámbitos de magnitud locales y globales, y que cómo refrendo crítico y dirimente han de pesar los informes periciales de las instituciones de reconocido crédito y competencia en la materia y, que ya en el caso de Doñana han señalado y ponderado el viento del carácter técnico y, que más allá de los tipos penales de mero carácter medio ambiental, la Autoridad Judicial ha de sopesar concienzudamente la serie de conductas delictivas contempladas en la Ley penal dirigidas a tutelar o proteger los intereses de la Administración Pública, que pueden ser cometidas por sus funcionarios.
Sirva de muestra y extensivo al resto del solar andaluz lo acontecido en Doñana en relación al presente Concurso de Méritos para funcionarios, donde sorpresivamente se han detraído y desdotado de presupuesto dos plazas de Coordinadores de Agentes de Medio Ambiente, en una flagrante y controvertida sustracción de efectivos ante el aumento de superficie y complejidad de la norma ambiental en Doñana.
Para colmo de abandono y oposición en dar impulso a los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, resulta sintomático el ademán indiferente mostrado por el actual Gobierno Andaluz ante la reciente Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 29 de septiembre de 2021 celebrada en Madrid en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, convocada al objeto de tratar con todas las Comunidades Autónomas una Ley Básica Común Reguladora de los Agentes Forestales y Medioambientales de España, en donde no hubo presencia alguna de autoridades andaluzas, pero a la que el ejecutivo andaluz votó de manera negativa no motivada, mediante delegación de voto en el representante de Castilla y León.
Por todo lo expuesto y supuesto, se deduce que la presumida y tan cacareada “revolución verde” del Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, va derrotando hacia una “Involución negra o marrón” alejada de su teórico rumbo originario.
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