Asosiación Española de Agentes Forestales y MedioambientalesAsosiación Española de Agentes Forestales y Medioambientales

El sindicato/asociación profesional de mayor representación de estos funcionarios en Castilla y León denuncia públicamente que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y más concretamente la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal someten a este colectivo de agentes de la autoridad a un continuo acoso velado en todas las funciones que la legislación les atribuye por ley.

APAMCYL denuncia públicamente el abandono y ostracismo al que son sometidos los Agentes Medioambientales de Castilla y LeónPor mucho que pudiera parecer que, desde la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de su consejero Juan Carlos Suarez Quiñones, continuamente repitiendo en prensa y en las Cortes Regionales el cacareado acuerdo del Diálogo Social para la mejora del Operativo de Incendios Forestales, la realidad es que la organización operativa de estos empleados públicos brilla por su ausencia.

Los agentes medioambientales tienen un papel muy importante como jefes de extinción en el 95% de los incendios forestales que se producen; pero no solo es aquí donde su función es fundamental y donde se maltrata a este colectivo, también se trata del único Cuerpo de Policía Administrativa Especial y Policía Judicial con el que cuenta la Junta de Castilla y León, en cuyas competencias, relacionadas con el cumplimiento de las leyes de protección ambiental es continuamente denigrado, acosado y sometido al más absoluto ostracismo institucional desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que se preocupa más de elaborar instrucciones internas que coartan el ejercicio de sus funciones para la vigilancia y observación de cumplimiento de normativas de protección ambiental, en lugar de potenciar que se realicen las funciones de forma segura y eficaz.

A pesar de ser esta Dirección General, un departamento Funcional y sin competencias Orgánicas de Gestión de Personal, que corresponden de acuerdo con la Estructura de la Consejería, a la Secretaria General de Medio Ambiente, como en el resto de la Admón. En esta Consejería, sin embargo, desde los tiempos del ICONA las cuestiones organizativas se llevan desde los cargos de esta Dirección General ocupados de forma secular por Ingenieros Superiores de Montes, cuyas directrices e interpretaciones normativas se trasladan a los Servicios Territoriales donde los Jefes de Servicio, puestos a dedo, con el sistema de libre designación, repiten y trasladan obedientemente estas “formas de manejar” a una “incómoda policía administrativa especial” de carácter medioambiental.

Son ellos, los ingenieros de montes, quienes deciden qué número de puestos de trabajo son necesarios en cada territorio, cómo y con qué méritos y capacidades se accede a los puestos de jefatura, como se organizan las comarcas dentro de las provincias, que tipo de especialidades y número de agentes se han de dedicar a cada competencia funcional, qué criterios se utilizan a la hora de graduar las infracciones a las leyes en las materias, competencia de la consejería. Y todo bajo una piedra angular como filosofía de trabajo y funcionamiento, nadie es especialista en nada, todos hacen de todo, pero de forma voluntaria. Las pocas plazas de especialistas que quedaban en viveros o piscifactorías, heredadas de otro tiempo, duermen en el sueño de los justos y se utilizan en los concursos de traslados como “descanso del guerrero”.

Pero todo esto se lleva a cabo sin la más mínima planificación objetiva ni de acuerdo con la presión de las actividades de la población sobre el medio ambiente y medio natural, no se contemplan las ratios de actividades industriales y/o susceptibles de tener que ser controladas por ser potenciales contaminantes o tan solo por tener cierta capacidad operativa de inspección sobre las mismas, ni siquiera se realizan planificaciones de vigilancias en espacios naturales por épocas de afluencias de uso público.

En varias ocasiones, alguno/as Jefes/as de Servicio, los/a más osados/as, hasta se atreven a suplantar al poder judicial y decidir que incumplimiento de normas ambientales es considerado delito o acción punible por la vía penal o administrativa, atribuyéndose competencias exclusivas de los jueces y tribunales, e incluso dejando en un cajón los atestados. Tampoco se planifican servicios de vigilancia específicos, ni servicios de vigilancia de pesca o caza furtiva. De hecho, no hay mejor prueba que los datos sobre infracciones al medio ambiente desde el año 2012 al 2015 apenas se resolvieron el 20% de las denuncias que se instruyeron en materias de infracción medioambiental, en este periodo en una materia tan sensible como el uso de fuego o el incumplimiento a las normas de montes e incendios forestales, de casi 12.000 denuncias se tramitaron solo 7.000 el 66 % de las denuncias y se castigaron finalmente con el pago de la sanción poco mas de 4.000, tan solo en el 37 % de las infracciones detectadas. ¿Qué se puede esperar de los cambios de comportamiento y percepción social de la problemática con este tipo de impunidad en la ejecución de la potestad sancionadora de la administración?

En el ámbito de la normativa de gestión de residuos, el dato es aún más preocupante de las casi 9.500 infracciones detectadas y tramitadas, solo terminaron por pagar la sanción en poco más de 1.600 expedientes, apenas un 17 % de las infracciones. Una comunidad con el mayor patrimonio natural de Europa, del que sus gobernantes hacen bandera, sin embargo, parecen estar más comprometidos con mantener la “vista gorda” en pro del desarrollo industrial, y que este se realice sin ningún tipo de control y compromiso de respeto a las normas de protección ambiental que en definitiva son las de la protección de la seguridad ambiental y de salud de los habitantes de esta tierra. Casos como el incremento de la contaminación de las aguas subterráneas, con el aumento de la declaración de zonas vulnerables en toda la región no hacen más que confirmar este hecho.

Cada vez que la población tiene un supuesto problema con la aplicación de las normas que la propia Junta de Castilla y León promulga y que los agentes medioambientales intentan hacer cumplir, como el reciente caso de las podas irregulares de encinas en las dehesas de Salamanca, inmediatamente, sale a la palestra el político de turno a decir que se cambiará la norma, en lugar de mantener y defender el criterio técnico que se debe seguir y que está refrendado por dicha normativa. Son innumerables los casos en toda la región que cuando los Agentes Medioambientales han realizado intervenciones con el objeto de hacer cumplir la norma y proteger los intereses generales, ha sido la propia Consejería de Medio Ambiente, quien se ha puesto de parte de los infractores. En ocasiones incluso denegando la asistencia letrada a la que tienen derecho los agentes en el ejercicio de sus funciones, y donde afortunadamente la Justicia ha condenado a la administración autonómica a correr con los gastos de defensa generados a los agentes actuantes, en procedimientos donde deberían haber sido defendidos por la administración, dejándolos totalmente desamparados. La motivación de servicio público y el mensaje a las nuevas generaciones de agentes es más que evidente.  

En lo que respecta a la plantilla de agentes medioambientales, la edad media supera ampliamente los 53 y 55 años en alguna provincia, a lo que hay que añadir que actualmente existen más del 30 % de plazas vacantes, con el consiguiente proceso obligado de nombramiento de personal interino, para hacer frente a la campaña de incendios forestales donde se incorporan agentes con poca experiencia en gestión de este tipo de emergencias, y donde la trasmisión del conocimiento por parte de quienes llevan tiempo trabajando en incendios, es totalmente despreciada por los dirigentes de la Consejería de Medio Ambiente. El ejemplo más palpable en la provincia de Zamora esta misma semana, donde 14 Agentes Medioambientales voluntarios dispuestos hacer guardias de incendios helitransportadas en las bases de esta provincia, ha sido rechazado por el capricho y la arbitrariedad de alguien que no quiere que se realicen por motivos personales y excusas peregrinas, a pesar de estar contempladas en la orden de asignación de guardias de Incendios.

En el ámbito retributivo, el panorama es tristemente desalentador, y las generaciones de los últimos opositores aprobados que forman desde hace menos de medio año la plantilla de AAMM sienten y tienen un futuro incierto. Una titulación de grado superior para opositar en un trabajo que requiere una alta cualificación técnica, agente de la autoridad, policía administrativa y judicial, conocimientos en gestión de medio natural y gestión de emergencias de incendios forestales, con la responsabilidad que ello conlleva y con un salario 315 € por debajo de la media del resto de CCAA del Estado Español.

Una consejería de Medio Ambiente que pretende organizar la atención de la gestión de incendios forestales todo el año, rebajando las remuneraciones por guardia de incendios en un 30 % para la atención de los incendios en época de peligro bajo (invierno).

Una consejería que tiene al colectivo funcionarial con mayor distribución territorial de toda la Junta de Castilla y León con 234 puntos de destino en 95 comarcas y cuyas plazas han quedado fuera de tener asignación de complemento de ultra periferia en la modificación de los puestos de trabajo elaborados por la administración que sin embargo sí que se han contemplado para otro tipo de puestos que no tienen esta dispersión territorial.

Un colectivo, el de Agentes Medioambientales, con competencias en vigilancia custodia y policía, en cuya estructura actual, no tiene posibilidad de cubrir cada comarca en turno de mañana y tarde (16 horas) con un servicio de vigilancia en parejas, de acuerdo a los mínimos estándar de seguridad y donde la propia Consejería de Medio Ambiente mantiene sin evaluar los riesgos laborales de los servicios de vigilancia y policía; sin negociar, sin evaluar y negando la más elemental proporcionalidad, llegando al extremo de haber retirado en 2013 las armas de vigilancia que los agentes siempre han tenido de dotación, puesto que el Cuerpo fue transferido desde el Estado como Cuerpo armado; para sustituirlas por un spray de defensa caducado desde hace ya un año, y un chaleco anti punción para enfrentarse solos y en parajes naturales alejados de cualquier posibilidad de apoyo, a furtivos con armas de fuego de gran calibre. En definitiva, desde la Consejería de Medio Ambiente tratan continuamente de disuadir de forma velada a los agentes para que no hagan su trabajo y funciones. Desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal también inciden y argumentan excusas peregrinas, para no dotar bajo ningún concepto de puentes rotativos luminosos V1 de emergencias como vehículo prioritario, mientras sí que son dotados con estos dispositivos los vehículos que llevan a los ingenieros de montes a los incendios forestales, en una clara y lamentable muestra de clasismo, donde parece que existen empleados públicos de primera y de segunda categoría en lo que respecta a la protección de la seguridad. Parece más una maniobra para no querer que los Agentes Medioambientales sean identificados como lo que realmente son.

En el ámbito de las conversaciones negociadoras, se mantuvieron tres reuniones forzadas por una concentración en las Cortes de Castilla y León el pasado 21 de marzo. El desprecio a los representantes de los trabajadores es insultante. Reuniones de dos horas y media donde solo se hace un calendario de la siguiente reunión y donde no existe negociación alguna sino un borrador a medias, entregado a última hora y con lo que ya tienen pensado para no dejar capacidad de reacción ni de escuchar propuestas. Oscurantismo y falta de transparencia absoluta. Una maniobra de despiste hasta que pasen las elecciones municipales.

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