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Los furtivos estaban realizando un ‘gancho ilegal’, una modalidad de caza en la que un grupo reducido se coloca en un ‘puesto fijo’ mientras que otro bate el monte con la ayuda de perros para capturar piezas de caza mayor, principalmente, jabalí.
Los Agentes de Medio Ambiente ha formulado las correspondientes denuncias a los participantes en esta cacería por llevarla a cabo sin la autorización administrativa obligatoria y sin el permiso del titular del coto lo que supone sendas infracciones a la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres y a la Ley de Caza.
Tarde o temprano tenía que pasar, se veía venir. La desgracia se ha cebado con José Vélez, un pobre incauto, vecino del Escorial, al que se le ocurrió cortar de urgencia un simple fresno decrépito que amenazaba con desplomarse sobre su propia vivienda tras una tormenta. El árbol estaba en el jardín de su propia casa, en una urbanización y en casco urbano.
Pero ahí estaba la Ley del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, que acechando con su peligro sordo, le asestó por sorpresa un desproporcionado hachazo de 100.000 euros que le ha arruinado la vida y ha ocupado páginas de periódicos. Otra ley envenenada que dejó a los madrileños la simpar Esperanza Aguirre.
Desde la Dirección General de Emergencias no se entiende la realidad del Cuerpo de Agentes Forestales. El Director General está jugando con fuego. Es una grave equivocación pretender establecer toda la responsabilidad del Acuerdo a los Agentes y apenas otorgarles beneficios.
El próximo miércoles, 21 de febrero, nos convocan a Asamblea General, los sindicatos CCOO, CSIF y CSIT. Es momento de responder a la Dirección General.
La Policía Autonómica y Agentes Ambientales intervienen en Torrellano dos monos protegidos tras infiltrarse en la red para detectar casos de tráfico ilegal de especies.
Gracias al operativo puesto en marcha el pasado año para combatir el tráfico ilegal de especies protegidas o invasoras a través de internet.
Antonio Gutiérrez Sánchez, Agente del Medio Natural y Socio de honor de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales habla sobre la indefensión y cuestiones como "el no realizar servicios en pareja, carecer de armas o medios disuasorios y no contar con ningún protocolo ni formación en actuaciones propias policiales", que son algunas de las irregularidades que se consienten y propician.
Según la revista Quercus: "Parece lógico que la responsabilidad de reducir –o, mejor aún, prevenir– la incesante muerte de aves en los tendidos recaiga en las compañías eléctricas y que sean ellas las que adopten, sin necesidad de recordárselo, las medidas necesarias y asuman el coste económico de aplicarlas. No nos cansaremos de insistir en ello desde la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, en la que está integrada la revista Quercus junto con otras entidades conservacionistas."
APAF-Madrid requiere de la Dirección General de Emergencias el desarrollo de políticas de encuentro con los Agentes Forestales.
En ningún caso políticas de enfrentamiento resumidas en el ofrecimiento de un preacuerdo que indigna a la profesión.
Los grupos parlamentarios Socialista y de Podemos han presentado un total de siete enmiendas conjuntas a la nueva reforma del Proyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha que se fundamentará en próximas semanas en el Parlamento regional, entre las que se encuentra la propuesta de que los Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma puedan actuar como policía judicial en las investigaciones de delitos en el campo.
Se trata de la sala de juntas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castilla y León en Burgos, como si de una oficina de caza se tratara se exhiben sin ningún pudor la cabeza de un lobo, el cuerpo entero de otro, una cabeza de ciervo y un cráneo.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla‑La Mancha puso en riesgo la salud de una Agente Medioambiental embarazada, al haberla expuesto a servicios de los que debería haber quedado excluida debido a su estado atendiendo al protocolo de prevención.
Pautas que no se siguieron, a pesar de haber solicitado la trabajadora la adaptación o el cambio de puesto de trabajo, quedando así expuesta durante varios meses a riesgos innecesarios.
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