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Agente Forestal es el nombre genérico que se da en España a los funcionarios públicos encargados de la policía y custodia de los recursos naturales y que pueden tener distinta denominación en función de la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan (Agentes Rurales, Agentes Medioambientales, Guardas del Medio Natural, etc).
Este cuerpo de funcionarios, compuesto por 6.400 agentes, es el encargado de la protección de nuestra naturaleza en todos sus ámbitos:; está específicamente preparado y especializado para llevar a cabo su función de Policía Medioambiental en todos y cada uno de los rincones del medio rural español, dando cumplimiento al mandato del artículo 45 de la Constitución.
La dirigente socialista Beatriz Talegón considera una injusticia que se plantee la reforma de la Ley de Montes en los términos en los que el PP así lo desea, tal y como se lo comunicó el viernes 13 al presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales, Luis Díaz Villaverde.
La FEP-USO expresa su rechazo a la nueva Ley de Montes aprobada por el Gobierno del PP por suponer un nuevo recorte en la capacidad de actuación de algunos cuerpos y escalas de Funcionarios Especializados de la Administración Civil del Estado.
Representantes sindicales de los Agentes Forestales de Islas Baleares, se han reunido con dirigentes del PSOE en las islas, con la finalidad de trasladarles las inquietudes del colectivo en estos momentos tan críticos. Se les ha dado cumplida información de los detalles que la modificación que la Ley Básica de Montes, propuesta por el Gobierno, supondría en el escenario de la protección del medio ambiente.
La polémica estalló al sustituir el “actual sistema de trabajo basado en la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” por la “subordinación” a la hora de realizar sus actuaciones. Y es que de aprobarse la normativa, los agentes dejarían de formar parte de un cuerpo independiente para convertirse en un ente auxiliar de la Guardia Civil.
En sintonía con la necesidad de proteger las actuales competencias del colectivo, el presidente de APAMCYL, Esaú Escolar, sostiene que el fin último de este cambio en el reglamento persigue la paulatina incorporación de la seguridad privada en el medio rural.
Hay profesiones que solo se pueden ejercer desde la vocación y el compromiso personal. Una de ellas es la de Agente Forestal o Medioambiental. Nadie se hace Agente Forestal porque no le queda otra opción de empleo.
Molesta su compromiso con el oficio, su lealtad a la sociedad y su vocación de proteger nuestro patrimonio natural de los especuladores.
El Diario “La Opinión de Murcia” publicaba una entrevista con Vicente Pérez Pérez, General y Jefe del Seprona de la Guardia Civil. El titular de la noticia no deja lugar a las dudas. “Sólo la Guardia Civil debe investigar acciones criminales contra la naturaleza”. Debemos recordar que la modificación de la Ley de Montes que se va a tramitar próximamente en el Congreso excluye, sin justificación alguna, a los Agentes Forestales de la investigación de delitos medioambientales y pretende establecer que sean auxiliares de la Guardia Civil.
Ya se nos había informado, en las mesas de negociación abiertas tras el conflicto, que era la Dirección General de la Guardia Civil la promotora de semejante idea desatinada. Ahora ya es público el pensamiento del benemérito Cuerpo. El sindicato UNPOLF publicaba ese mismo día un artículo al respecto que podéis leer aquí.
España está cuajada de miles de lazos ilegales de caza. Pero nadie se hace responsable a la hora de cuantificar el problema de los tramperos furtivos. Ninguna Administración competente (autonomías o Guardia Civil) admite el volumen de ligaduras metálicas en sus territorios a pesar de que los Agentes Forestales retiran cada temporada miles de ellos.
“No interesa que sepa cuánto se caza así”, cuentan a eldiario.es fuentes forestales. Al fin y al cabo, el objetivo de los lazos es convertir los cotos de caza en explotaciones cinegéticas rebosantes de perdices y conejos listos para ser abatidos por escopetas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha pedido a las juntas de personal de los servicios territoriales de la Junta de Castilla y León el apoyo para los Agentes Medioambientales y Forestales, donde exige que se respete sus competencias profesionales en la nueva Ley de Montes, en trámite parlamentario, como son las funciones de policía judicial. Esta central sindical hace especial hincapié en la recuperación del arma corta, retirada hace un año por la Consejería.
Desde las páginas del diario El Diagonal se hace un análisis detallado de algunas de las consecuencias más graves que la reforma legislativa propuesta acarrearía en la protección del medio ambiente. Construir en montes quemados para favorecer “el ladrillazo” o encorsetar la tarea de los 6.400 Agentes Medioambientales, se complementan con opiniones de grupos conservacionistas que dicen NO a esta innecesaria reforma. La modificación de varias leyes de protección ambiental ha sido una constante en el actual Gobierno del PP, todas ellas para favorecer una mayor intervención en el medio que debemos preservar.
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