Fuente: El Adelantado de Segovia

Los agentes han denunciado que existe "cierta picaresca" en este aspecto

Agentes Medioambientales denuncian a un cazador por no haber colocado el precinto a un corzo abatidoAgentes Medioambientales han denunciado a un cazador por no haber colocado el preceptivo precinto a un corzo macho que había abatido en el coto de caza de Orejana, situado entre Pedraza, Arcones y Valleruela de Pedraza. Para la caza del corzo, los cazadores autorizados tienen la obligación de colocar al animal abatido un precinto numerado y único antes de moverlo.

Los agentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León sorprendieron al cazador el pasado domingo, 18 de abril, y, tras comprobar la infracción cometida, procedieron a redactar la correspondiente denuncia y a decomisar la pieza y el arma empleada para la caza del ejemplar.

El pasado día 1 de abril comenzó la época hábil de caza del corzo, que es una de las modalidades de caza con mayor valor cinegético de la provincia de Segovia. Antes del inicio de la temporada y durante toda la campaña, los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León intensifican los servicios de vigilancia en esta materia para intentar garantizar que la caza se realice de acuerdo a la normativa que la regula.

En esta modalidad, los cazadores autorizados por el titular cinegético de los cotos privados de caza, además de estar en posesión de toda la documentación necesaria para realizar esta actividad, tienen la obligación de colocar al animal abatido un precinto numerado y único antes de moverlo. Los agentes han denunciado que existe “cierta picaresca” en este aspecto, puesto que algunos cazadores no colocan el precinto debidamente al animal, para así poder abatir otros ejemplares con ese mismo precinto o poder usarlo posteriormente en otra jornada de caza.

La no colocación del precinto es el tipo de infracción administrativa más habitual en esta modalidad de caza mayor. Se encuentra calificada como grave según la Ley 4/96 de Caza de Castilla y León, y conlleva sanciones de entre 1.000 y 5.000 euros y la posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.

Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Segovia se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos y gestores de acotados para que si descubren este tipo de prácticas ilegales lo pongan en conocimiento de los agentes de la autoridad.

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