Los representantes de las principales organizaciones de Agentes Medioambientales y Forestales de ámbito estatal como son la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), la Coordinadora de Agentes Medioambientales de FSC-CC.OO. y el Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de FSP-UGT quieren mostrar con contundencia su más enérgico rechazo e indignación ante la modificación de la actual Ley de Montes que el gobierno del Partido Popular quiere aprobar sin el consenso social ni el de los expertos en gestión y conservación.
El Proyecto de Ley incluye modificaciones en la gestión forestal de España que supondrán un retroceso con respecto a la normativa anterior. Su objetivo es usar la reforma para regular a su antojo y de manera lesiva para el medio natural de nuestro país en materias tan variadas como la caza, la ordenación del territorio y el urbanismo permitiendo que se construya en terrenos incendiados, etc. Sin embargo, la mayor sorpresa para los aproximadamente 6000 Agentes Medioambientales y Forestales de todo el territorio estatal que velan durante los 365 días del año, y desde hace 140 años por conservar nuestro patrimonio medioambiental y cultural en el medio natural, ha sido que en la propuesta de la nueva Ley de Montes pasarían de ser Cuerpos independientes a ser Auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta modificación supondría que este colectivo debería limitarse a realizar las diligencias previas en el caso de un supuesto delito medioambiental y esperar a que llegara un Cuerpo diferente al suyo para poder empezar a realizar su trabajo, estando perfectamente formados y sobradamente capacitados para realizarlo sin subordinación a ningún otro Cuerpo.
Las preguntas surgen rápido:
- ¿Por qué a un funcionario/a civil, independiente, Agente de la Autoridad y policía judicial, sobradamente preparado/a se le ponen trabas a su trabajo?
- ¿Por qué no se les deja realizar los atestados si están capacitados/as para ello y además supone un ahorro de medios para la Administración?
- ¿Quién se beneficia de que la naturaleza esté menos vigilada?
- ¿Quién se beneficia si por la demora en la espera se pierden o degradan pruebas clave para resolver un posible ilícito penal?
- ¿A quién le interesa que se pueda construir en terrenos previamente incendiados?
- ¿Por qué hablan de evitar duplicidades y mejorar el servicio al ciudadano cuando hacen todo lo contrario?
- ¿Por qué no se quiere optimizar el servicio público dejando que estos funcionarios desempeñen sus funciones de modo independiente como se está haciendo hasta ahora con eficacia y eficiencia?
- ¿Por qué no se deja trabajar a estos empleados públicos en la protección y gestión del medio ambiente, ámbito que ellos dominan tanto a nivel administrativo como penal, y se dedican a las Fuerza y Cuerpo de Seguridad a otros delitos que desgraciadamente cada vez se producen con más frecuencia en el medio rural como robos y agresiones?
Estas preguntas solo las puede responder el gobierno del Partido Popular. ¿Lo harán o esperarán a que un “auxiliar” les haga el trabajo que ellos no saben hacer?
Desde estas organizaciones se anuncia que se van a tomar todas las medidas que estén en sus manos para frenar esta reforma de la Ley de Montes tan perjudicial para el medio ambiente y para los ciudadanos.