Las medidas de seguridad transitorias adoptadas por la Generalitat tras el asesinato de dos Agentes Rurales en Aspa (Lleida) en enero no convencen ni a los agentes ni a la administración.
La Asociación Profesional de Agentes Rurales de Catalunya (ASPARC) y CC OO creen que no hay funcionarios ni medios materiales suficientes para aplicar el protocolo.
A través de varios anuncios en Internet los Agentes han localizado e intervenido ocho trofeos de caza de animales protegidos disecados que se querían comercializar.
Los trofeos de caza legales, no podrían comercializarse y su precio total alcanzaba la cifra de 22.000 euros.
Las familias de los Agentes Rurales que murieron en enero en Aspa por cuatro disparos de un cazador acusarán de asesinato al joven de Vacarisses que les disparó, Ismael Rodríguez, y pedirán para él una pena de 40 años de cárcel, según el abogado que les representa, Pau Simarro.
Rodríguez disparó en cuatro ocasiones para terminar con las vidas de los Agentes.
Tras el asesinato de dos agentes rurales en Lleida, la Asociación Española de Agentes reclama una Ley Básica Estatal que recoja sus potestades y que se reconozca su condición policial medioambiental. Denuncian intentos de apuñalamiento, amenazas de todo tipo e incluso la introducción de cabezas de animales en vehículos.
En Aragón, los Agentes para la Protección de la Naturaleza llevan 10 años esperando que el Gobierno autonómico redacte un procedimiento de actuación.
Con escopeta en mano, chalecos antibalas, un arma defensiva y en grupos de tres, los Agentes Rurales de Cataluña están haciendo controles ordinarios de caza. Hasta ahora tan sólo la podían llevar en actuaciones contra la caza ilegal.
Tras el asesinato de dos Agentes Rurales se han puesto en marcha estas medidas, pero la Federación Profesional de Agentes Rurales de Cataluña insiste en que no hay suficientes recursos para aplicar las nuevas medidas de seguridad.
Desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana (APAMCV) agradecen los gestos de apoyo recibidos desde las instituciones, pero reclaman que durante años, en la Comunitat Valenciana, durante años se "han obviado y ninguneado nuestras funciones". Y plantean varias preguntas:
«¿Sabe la ciudadanía quienes somos los agentes medioambientales, de quién dependemos? ¿qué funciones desempeñamos cada día y en qué condiciones de seguridad?». «Hasta hemos desaparecido de la web oficial sin saber los motivos», lamentan.
Tras los terribles asesinatos de los Agents Rurals Rubén Cabrero, presidente de AEAFMA, habla sobre la situación del colectivo en el espacio radiofónico de Julia en la Onda. Sobre la mesa de debate quedan las medidas de urgencia necesarias que puedan atajar los problemas de raíz y la realidad en la que los Agentes deben hacer cumplir la ley con una libreta y un bolígrafo enfrentándose a situaciones complicadas, en numerosas ocasiones, solos, en zonas sin cobertura y de difícil acceso.
{play}images/stories/audio/podcasts/170131onda_cero_Ruben.mp3{/play}
Semana sí, semana no, alguien encañona a un guarda forestal con un arma en algún lugar de España. En Madrid, dejaron a uno atado en mitad del monte. En Asturias, quemaron un coche patrulla hasta calcinar las ruedas y arrojaron el cuerpo de un lobo decapitado sobre otro vehículo. En Extremadura, intentaron apuñalar a un tercero durante un control rutinario...y la lista continúa por todo el territorio español.
La noticia del asesinato de los dos Agents Rurals ha generado una gran conmoción a nivel nacional. Para quienes desconozcan el día a día de esta profesión incluso puede haber provocado sorpresa, pero no así para quienes lo viven de cerca.
Frances Coll presidente de la Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya (ASPARC), expresa el dolor de los compañeros del cuerpo por el asesinato en Aspa, además de contar la situación de inseguridad en la que trabajan y las numerosas agresiones a las que tienen que enfrentarse.
“Cuando estén en acto de servicio llevarán obligatoriamente el arma que corresponda”.
Ese es el fallo que, el 1 de febrero de 1993, dictó el Tribunal Constitucional (TC) a propósito de un conflicto de competencias vinculado con el reglamento de los agentes rurales de la Generalitat. Tras el asesinato de dos Agentes Rurales, el debate sobre la necesidad de portar armas como medida de defensa está sobre la mesa.
