El diputado de Izquierda Unida (IU), Álvaro Sanz, en el marco de una reunión en el Congreso de los Diputados con funcionarios forestales ha señalado “la urgencia de elaborar una Ley Básica de Agentes Forestales que responda a las características y necesidades del sector”.
En la citada reunión han estado presentes, además del propio Álvaro Sanz y la también diputada, Ascensión de las Heras, por parte de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, (AEAFMA), Luis Díaz Villaverde, Presidente, David de Mingo, vocal de AEAFMA. Asimismo, estuvo en la reunión, Rosa Prieto, responsable del área de Medioambiente de Castilla la Mancha.
Para Álvaro Sanz, que ayer mismo defendió en la Comisión de Medioambiente una Proposición no de Ley (PNL) sobre esta materia, “el PP no solo tiene una cruzada contra el medio sino también contra los y las trabajadoras que se encargan de garantizar el correcto estado de nuestro patrimonio natural. Por eso es preciso seguir trabajando para que ese marco legal básico se cree”.
Este colectivo ha mostrado su preocupación por el incremento de las agresiones que están sufriendo en su actividad laboral, por lo que se demanda mayor implicación de las administraciones autonómicas para minimizar estas agresiones, dotando a éstos de medios materiales y humanos suficientes.
En esta línea, una de las principales conclusiones de la reunión se concreta en “exigir al Gobierno el cumplimiento de la directiva europea en cuanto a los rotativos sonoros y luminosos tipos V1 para Agentes Medioambientales y Forestales del territorio nacional”.
Durante el intercambio de datos e informaciones suscitado en la reunión ha aflorado el temor por el incremento de las agresiones a este colectivo que vienen sufriendo en el desarrollo de su actividad laboral, por lo que se demanda “mayor implicación de las administraciones autonómicas para minimizar estas agresiones”, dotando a éstos de medios materiales y humanos suficientes.
Los representantes de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales han mostrado su preocupación “por los últimos cambios realizados en la legislación actual sobre medioambiente, que pretenden legalizar los atentados contra el patrimonio natural, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española”.