La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) denuncia públicamente la campaña de acoso y derribo que se viene suscitando frente a la necesidad de promulgar una Ley Básica Estatal de Agentes Forestales.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes emitió informe contrario a esta exigencia del colectivo de Agentes Forestales sin entender aún que se trata de dos profesiones distintas y que las funciones propias policiales que ejercen los agentes quedan lejos de sus cometidos profesionales.
Los Agentes Forestales apoyan y auxilian la gestión forestal encomendada a estos ingenieros o a biólogos dentro de la estructura administrativa actual, pero los Agentes Forestales y Medioambientales son policía administrativa especial, policía judicial genérica y agentes de la autoridad y precisan un entorno organizativo distinto al obsoleto entramado forestal de la Administración actual.
En estos momentos existe una Proposición de Ley (PL) y una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados que pretenden la promulgación de una Ley Básica Estatal de Agentes Forestales, cuestión de suma importancia para este colectivo y para el medio ambiente español. Se podrán conseguir, a la vez, seguridad jurídica y física para estos Agentes, hartos de agresiones, amenazas e incluso asesinatos, y seguridad para el medio natural de nuestro país, el más rico en cuanto a espacios naturales, flora y fauna de toda la Unión Europea.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes bien podría preocuparse más de sus propios asuntos, olvidados la mayoría de ellos, que de entorpecer una Ley tan necesaria. El Informe emitido por este Colegio, en cualquier caso, no se sostiene jurídicamente y pretende, únicamente, mantener anclada la Administración en parámetros de siglos anteriores que convienen a aquellos que la parasitan.
El gestor medioambiental, representado por este Colegio, no puede ser cabeza de la estructura de control y vigilancia medioambiental. Primero por su incapacidad y desinformación al respecto; segundo porque no posee titulación alguna que le habilite respecto a ejercicios policiales; y tercero, por una razón de sanidad administrativa que debe separar ambas estructuras, compatibilizándolas eso sí, para que no exista corrupción.
Los ataques a la Ley Básica Estatal de Agentes Forestales se vienen situando desde dos posiciones, la del gestor forestal ya comentado y la de la Dirección General de la Guardia Civil, que no entiende de coordinación ni cooperación y que viene usando la fuerza de su poder y situación para proponer dudas sobre las potestades de los Agentes Forestales y posicionar a determinadas Comunidades Autónomas en contra.
El medio natural español necesita que los seis mil Agentes Forestales y Medioambientales existentes puedan realizar su trabajo con un respaldo jurídico adecuado, con medios suficientes. Lo que no necesita, en ningún caso, son interesados comunes que se alían en contra de esa Ley Básica para proteger sus posiciones arcaicas o sus intereses corporativos.
