Otro artefacto fue detonado el pasado sábado día 27 de marzo de madrugada junto a un vehículo oficial conducido por Agentes del Medio Natural y estacionado en la OCA (Oficina Comarcal Agraria) de Villanueva de la Vera (Cáceres).
Con este ya van tres, además de los de años anteriores que consistieron en rotura de cristales parabrisas, pinchazos en ruedas en coches oficiales y particulares de los Agentes… Y todavía la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, no se ha tomado con seriedad estos graves hechos.
La solución no consiste en apartar a los Agentes de la zona de conflicto, como procura nuestra Consejería hacer siempre justificándolo para su protección, pues de esta forma ganan ellos, los delincuentes, y se convierte la Administración en cómplices materiales de los logros de los terroristas, es decir, echar de los territorios o pueblos a los Agentes que cumplen con su deber denunciando hechos constitutivos de infracción administrativa o delito, por el simple “incidente” de enfrentarse a poderosos que, bien utilizando sicarios, o a través de amenazas directas, consiguen sus propósitos.
Hay que ir al germen del odio al Policía Ambiental y erradicarlo, castigarlo a él en lugar de al Guardia Civil, al Policía Nacional o Local o al Agente del Medio Natural.
Por lo general son grandes potentados titulares de latifundios, o personas que ostentan puestos políticos, o presiden instituciones importantes de gran influencia para el gobierno extremeño, los que pretenden amedrentar al Agente, intimidarlo con amenazas, spoilers, atentados o hablando con sus “amigos de arriba” para que prescindan de ellos en la zona donde ahora están designados.
Y al final, siempre lo consiguen. No es el único caso el de Villanueva de la Vera que ha tenido el mismo fin, apartar a los Agentes del Medio Natural del pueblo como si fueran personas no gratas, o de las fincas de los poderosos para poder campar éstos así a sus anchas.
A nuestra Administración les cuesta enfrentarse a ellos e imponer la autoridad y el Estado de Derecho donde existe persecución contra el funcionario público encargado de velar por el cumplimiento de la legislación medioambiental.
Esperemos que con esta grave dejadez por parte de la Administración en sus funciones de proteger al funcionario que cumple fielmente con su trabajo, no tengamos que lamentar al final un atentado con víctimas vestidas de uniforme.
