Los Agentes Medioambientales de las administraciones públicas tienen la consideración de Agentes de la Autoridad y Policía Judicial en sentido genérico tal y como recoge la vigente Ley 43/2003 de Montes. Este colectivo de funcionarios públicos, que cuenta con casi ochocientos cincuenta Agentes en Castilla y León y unos cien en la provincia de Burgos, realiza servicios de vigilancia y control de aprovechamientos forestales, lucha contra el furtivismo y los delitos ecológicos, se encarga de la vigilancia y extinción de incendios forestales así como de la investigación de sus causas y de la persecución de los autores, colabora con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en asuntos de seguridad ciudadana en el medio rural, etcétera.
Muchos de ellos corren un gran riesgo al desarrollar su peligrosa labor, con el agravante de que en la mayoría de las ocasiones la realizan en solitario, sin un compañero que les guarde las espaldas, o, en el mejor de los casos, el posible auxilio se encuentra a más de treinta minutos desde que se envía un aviso por la emisora.
Esta particular situación obliga a que en muchas ocasiones los servicios de vigilancia tengan que enfrentarse en solitario a bandas de cazadores furtivos organizados, recolectores ilegales de setas, incendiarios, etcétera, y no en pocas, han tenido que soportar desconsideraciones, insultos, amenazas con armas de fuego e incluso agresiones y palizas como la recibida por una Agente en Segovia a primeros de 2012 por parte de personas que utilizan los recursos naturales sin ajustarse a las normas.
El último episodio ha tenido lugar apenas hace un mes contra una Agente Medioambiental de Burgos que sufrió la agresión de un ganadero que estaba pastando en una zona prohibida de regeneración de arbolado. Este y otros tristemente habituales incidentes se dan cada día con los Agentes Forestales de todo el Estado español.
A la vista de estos hechos, estamos perplejos ante la postura de la Junta de Castilla y León, que, sin ninguna razón de peso aparente, está obligando a los Agentes Medioambientales de todas las provincias de la región a que depositen las armas en las intervenciones de armas la Guardia Civil argumentando irregularidades en el procedimiento de custodia.
A este respecto, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León, APAMCYL, destaca que sobre la dotación de armamento y habilitación de licencia de armas de vigilancia y custodia para el colectivo de Agentes Forestales y Medioambientales, la Guardia Civil está realizando, a nuestro entender, una confusa y peligrosamente errónea interpretación del reglamento de armas para la dotación de este colectivo, asimilándolos de forma surrealista a personal de una «empresa privada de seguridad», cuando son funcionarios públicos, directos herederos de los antiguos Guardas Forestales del Estado, los cuales han sido históricamente ―y siguen siendo en Castilla y León, según refleja el artículo 11 de su Reglamento 136/2006― un cuerpo con la posibilidad de portar armas de fuego para su legítima defensa en aquellos servicios en los que se presuma riesgo para la integridad física del Agente actuante. Todo ello, además, avalado por un historial inmaculado en cuanto a incidentes o problemas con dichas armas, que los ha convertido en referente de buena custodia y uso ejemplar.
¿A quién puede beneficiar que los Agentes Forestales y Medioambientales no dispongan de estas herramientas de trabajo? A la sociedad y al legado medioambiental que queremos dejar a nuestros hijos, rotundamente no. A los furtivos, desde luego; a la cazurra y simplona visión política de «evitar problemas», sin duda; y al excesivo corporativismo por parte de algún organismo armado que viste de verde… probablemente.
Por ello, ante las desmedidas presiones que desde la Intervención de Armas de la Guardia Civil se vienen ejerciendo en toda la región para la retirada de este material, se pone de manifiesto el nulo interés que las altas instancias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente muestran para dar una solución a este problema y defender la realización del trabajo diario con la seguridad que merecen sus funcionarios.
Los integrantes de APAMCYL consideramos de vital importancia que en los servicios de riesgo se mantenga esta dotación, que constituye una inestimable herramienta disuasoria para garantizar la seguridad de los funcionarios públicos que desempeñan las funciones de vigilancia y custodia en el medio rural.
Por ello, AEAFMA y APAMCYL quieren manifestar la responsabilidad personal en la que podrían incurrir aquellos que están permitiendo que se lleve a cabo esta medida injusta y peligrosa, y anuncia públicamente que demandará por vía penal mediante la querella correspondiente a los responsables políticos de la Junta de Castilla y León, Secretaria General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Dña. Carmen Ruiz Alonso) y en el caso de las provincias, a los Delegados Territoriales de cada una de las mismas, ante cualquier episodio en el que se produzcan actos de violencia o agresión hacia estos funcionarios en el desarrollo de su labor tras la retirada de los medios de defensa. Sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la administración autonómica que de esos hechos se pueda derivar.
