La Zona de Interés Regional (ZIR) Embalse de Orellana y Sierra de Pela, junto con el Parque Nacional de Monfragüe, son los dos espacios que cuentan con mayor número de figuras de protección de Extremadura. Además de esta figura según legislación autonómica, cuenta con otras figuras de protección como ZEPA y LIC por la normativa europea que regula Red Natural 2000, o Humedal Importancia Internacional según Convenio RAMSAR.
Una de la problemáticas más importantes de este espacio protegido, es en las cercanías de embalse de Orellana la realización de forma descontrolada de multitud de construcciones, cuyo destino es la segunda vivienda. Como dato, solamente el año 2008 se realizaron al menos 160 construcciones ilegales, este verdadero boom urbanístico se traduce, en múltiples incumplimientos a la normativa ambiental, urbanística y de la Ley de Aguas, siendo estos hechos denunciados tanto por los Agentes de Medio Natural de la Junta de Extremadura, como por otros organismos competentes.
Recientemente los Agentes de Medio Natural, ha realizado atestado ante los juzgados de Villanueva de la Serena, por una nueva construcción en dicho espacio protegido, de acuerdo a las competencias que tienen establecidas en la Ley de Conservación de Extremadura y espacios naturales y con la vigente Ley de Montes. Por otro lado, añadir que la nueva Ley de Montes que entrará en vigor el próximo mes de octubre, en su artículo 58 punto 4) viene a aclarar y reforzar este participación de los agentes en la investigación de los delitos: “En el ejercicio de sus funciones como Policía Judicial genérica se limitarán a efectuar las primeras diligencias de prevención, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de la Policía Judicial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando tuvieran conocimiento de hecho que pudieran ser constitutivos de delito deberán ponerlos en conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, a través del procedimiento que determinan los órganos en cuya estructura se integren y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.”
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