La semana pasada la Comandancia de la Guardia Civil de León ha celebrado una subasta en la modalidad de pliego cerrado de 337 lotes de armas. No es la primera ni será la última subasta de este tipo. Lo que llama la atención de esta puja es que parte de estas armas provienen de policías. Sí, de funcionarios públicos al servicio del ciudadano y de la ley.

Las armas que se subastan son armas depositadas, siendo aquellas que han sido entregadas en una Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil por cualquier motivo. Puede haber una resolución judicial o administrativa pendiente o puede que el propietario esté a la espera de recuperar la facultad de tener el arma. En el caso de la policía medioambiental, en algunas comunidades autónomas (como es el caso de Castilla y León) los agentes pueden reglamentariamente portar armas de fuego para servicios de vigilancia y custodia, siendo habitual el arma corta, en concreto pistola calibre 9 mm. Los agentes son funcionarios públicos con condición de agente de la autoridad y para que puedan portar un arma de servicio deben cumplirse varios requisitos.

En primer lugar la normativa general y la que los regula debía permitir el servicio con armas. En segundo lugar, que su administración dote de estos medios de defensa a sus agentes y por último, no menos importante, que se cumplan las medidas de seguridad necesarias para su custodia.

Y son en estos tres puntos en los que podemos aglutinar la variopinta problemática, más allá de las armas, con las que a diario deben lidiar el cuerpo de agentes medioambientales, siendo el colectivo policial español que más intervenciones con gente armada realiza. Pero lo más grave es el vacío legal existente, dado que el Reglamento de Armas vigente no sólo relega a los Agentes Medioambientales a una absurda equiparación a los vigilantes privados de seguridad con una licencia tipo C –cuando deberían figurar en igualdad de condiciones a otras policías administrativas como el Servicio de Vigilancia Aduanera SVA – sino que además, no se desarrollan en modo alguno los requisitos de seguridad y acceso propios de funcionarios de una administración pública; todo lo legislado es para empresas de seguridad, y de forma injusta, interesada y surrealista se les quiere aplicar dicha normativa de empresas. Este vacío es usado por las Intervenciones de Armas de la Guardia Civil de manera dispar en todo el territorio nacional para adoptar criterios distintos, que van desde decir que hay una supuesta “falta de seguridad” (por no cumplir con los requisitos de una empresa de seguridad privada; lógico, no lo son y ningún colectivo público policial se rige por ellos), a decir que corresponde revólver del 38 o carabina, o que para unas cosas se les asimila a guardas particulares de campo y en otras a los escoltas. Para el gran público puede resultar incomprensible que la policía medioambiental patrulle desarmada cuando ven habitualmente armados a los vigilantes de seguridad privada y los guardas particulares de campo.

La larga y extensa lucha para conseguir los rotativos V1 azules (indicativos luminosos para los vehículos oficiales en servicio de policía), sumado a la desprotección personal en la que tienen que trabajar, llama la atención de los medios de comunicación, ecologistas y simpatizantes del gremio. En España contamos con personal formado que debe enfrentarse, en ocasiones de manera individual, a cazadores furtivos y otros malhechores con la única defensa de la palabra. Ante el desarme de los agentes, sólo queda mejorar las técnicas de "defensa verbal", muy necesarias por otro lado. No son pocos los que cada año reciben agresiones físicas y verbales, poniendo en evidencia la insuficiencia de medios en los supuestos más graves. Todo suma, pero es evidente que llegado el caso, los medios proporcionales al riesgo de los servicios con delincuentes armados son los que son y usan de forma generalizada los colectivos policiales de todo el mundo.

Por otro lado, el hecho de que el colectivo no esté bajo el “paraguas” de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantiene esta heterogeneidad normativa y desprotección que afecta a los agentes. No son pocos los que defienden que la inclusión en dicha Ley en el ejercicio de sus funciones y competencias eliminaría un gran porcentaje de los problemas que enfrentan a diario.

En último lugar, es necesario un sitio seguro donde depositar las armas en el lugar de trabajo. Los agentes de Castilla y León tenían armeros de seguridad tanto individuales como colectivos en las oficinas, pero a juicio de la Guardia Civil no eran suficientes (¿lo serán alguna vez?), aunque se sigue sin saber a fecha de hoy cuáles son los legalmente exigibles a estos funcionarios públicos. Si a esto sumamos el desinterés general de su propia Administración regional de dotar de medio alguno de protección y de mantener los pocos existentes, tenemos juntos el hambre con las ganas de comer. Tremendo e injusto, pero real.

Resulta difícil de explicar y más complicado aún de entender. En esta última subasta, en la que había muchos tipos de armas, incluso una ballesta, los participantes podían obtener el arma de un policía por un módico precio base de 20 euros. No nos planteamos ver a un policía nacional o a un guardia civil patrullando las calles y carreteras desarmados, o incluso a un vigilante de seguridad en una gran superficie. En cambio, la policía medioambiental ya no puede plantearse ir armada. Hay muchas razones a favor para que puedan portar armas con total seguridad. Las mismas que les confiere el estatus de autoridad con la que día a día logran poner ante la justicia a quienes nos dañan a todos, protegen nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio cultural y a nosotros mismos participando en operaciones de rescate.