El pasado 4 de marzo del 2021 fue aprobado el Plan de acción selectiva para la gestión de las poblaciones de ungulados silvestres en el Parque Nacional de Monfrágüe, en él no se menciona para nada a los Agentes del Medio Natural, quienes lo venían llevando a cabo desde hace algún tiempo. Parece ser que, según nos han informado, mientras que la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica no ha puesto ninguna traba a que seamos nosotros los encargados de esta gestión, la Dirección General de Política Forestal, de la que dependemos, se niega tajantemente a que los Agentes Medio Natural portemos armas para este fin, cuando en el resto de Comunidades Autónomas son sus propias guarderías las que tienen encomendada esta competencia, así como igualmente se indica en nuestro Reglamento de Organización.
En cambio, mencionan “personal especializado perteneciente a la Junta de Extremadura, perteneciente al Organismo Autónomo de Parques Nacionales o profesionales contratados; pudiéndose recurrir también al apoyo de socios de las Sociedades Locales de Cazadores”.
Que APAMNEX conozca, no existe ningún personal especializado dentro de la Junta de Extremadura (excepto los Agentes del Medio Natural) que pueda asumir este cometido; ignoramos también si los que pertenecen al OAPN tienen alguno o si tienen en vigor la Evaluación de Riesgos Laborales para utilización de armamento. Y sobre los “profesionales contratados”, vuelven una vez más al despilfarro que nos tienen acostumbrado de las arcas públicas que llenamos sin cesar todos los extremeños para que nuestros dirigentes las malgasten en necesidades de este tipo que ya están cubiertas a coste cero por los Agentes Medio Natural, funcionarios que tenemos incluido ya este servicio en nuestras nóminas, y reconocido en nuestro Reglamento de Organización.
Les salimos, por lo tanto, al erario público extremeño, gratis, ¿por qué requerir de otro personal especializado “fantasma”? Es como si contratasen a otro “personal especializado”, valga la redundancia, distinto a la Guardia Civil, para controlar el tráfico en las autopistas. Sería un auténtico absurdo y un dispendio.
No estamos en absoluto de acuerdo con la decisión tomada, ilógica e hiriente para este colectivo y sus funciones, y muy molestos porque siempre la zancadilla provenga de aquéllos de los que dependemos que, a la contra, deberían de potenciar nuestra profesión y acatar nuestro Reglamento de Organización.
Hemos denunciado este hecho a la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, de la cual todavía no hemos recibido respuesta alguna; tenemos pendiente una reunión con la ilustrísima Consejera de Sostenibilidad y Transición Ecológica (de quien dependen los Espacios Naturales Protegidos) para hablar del tema; y hemos pedido a esta Consejería toda la información necesaria, de acuerdo a la Ley de Transparencia de la Junta de Extremadura, que justifique este sin sentido.
